¿En Madrid no se las habían visto sucias?...

Los sindicatos denuncian doce años de irregularidades en la Capitanía Marítima.

Cuatro funcionarios expedientados, otros dos imputados en delitos de falsificación e imprudencia con resultado de dos muertos, un empleado reiteradamente acusado por distintos tribunales de falsificación y cohecho, otro convicto y confeso de acoso sexual a una subordinada y un compañero de ambos, condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos continuados de estafa y falsedad documental... Éste es el resumen de la historia reciente de la Capitanía Marítima de A Coruña que la junta personal de la Administración Periférica del Estado en A Coruña acaba de enviar a la Dirección General de la Marina Mercante y a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

El texto de la denuncia, que recoge algunos casos ya conocidos por las autoridades marítimas y otros adelantados por LA OPINIÓN, advierte que las actuaciones fraudulentas "tienen una incidencia directa en la seguridad de los barcos y en las vidas de los que van a bordo" y exige a Fomento una auditoría en los despachos de la torre de control para depurar responsabilidades por la gestión de los ex capitanes marítimos Ángel del Real -ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol- y Serafín Díaz Regueiro (jubilado desde abril).

La denuncia surgió semanas después de que Marina Mercante concluyese el expediente contra dos inspectores de la capitanía a los que sancionará con un traslado forzoso con cambio de domicilio. El expediente y la sanción contra el jefe del área de Inspección, Fernando Balbás, y contra el inspector Luis González, se abrió después de que un grupo de armadores, propietarios de astilleros y patrones mayores de algunas cofradías presentasen una queja ante el Ministerio de Fomento porque Balbás y González eran "demasiado estrictos" en su trabajo. Los representantes sindicales ya habían denunciado que estas dos sanciones no eran más que una persecución contra quienes denunciaron presuntas irregularidades como la larga lista que recoge el escrito de denuncia:


Buques hundidos

La relación de irregularidades se inicia con el caso del pesquero Asunción Rivero, un barco con base en A Coruña que se hundió el 3 de marzo de 1994 en aguas del Gran Sol. El buque no tenía los certificados en regla, pese a lo cual, el entonces capitán marítimo, Ángel del Real, tramitó el expediente de hundimiento con unos certificados en los que se había falsificado la firma del inspector. La Dirección General de la Marina Mercante tuvo conocimiento de lo ocurrido, pero no expedientó ni sancionó a ningún funcionario.

El 30 de agosto de 1997 se hundió el buque Rey Álvarez II con dos de sus tripulantes. La investigación judicial abierta tras el siniestro demuestra que el certificado de seguridad estaba falsificado y el juez imputó por ello al inspector José Ramón Carmona y a Serafín Díaz Regueiro, aunque finalmente fueron absueltos. Fomento nunca investigó los hechos.


Venta de títulos y certificados

La junta de personal sostiene que entre 1993 y 1996 un colaborador de Ángel del Real vendió titulaciones y certificados falsos por precios que oscilaban entre los 300 y los 900 euros. El funcionario Emilio Jesús Mariño González fue condenado a tres años y medio por los delitos continuados de falsedad y estafa. La sentencia del caso advierte: "Las personas que desarrollan trabajos relacionados con la pesca habían difundido la existencia de un método sencillo para obtener la necesaria documentación, de modo que dado el largo período de actividad del acusado es posible que las falsificaciones sean muchísimas más, pese a lo cual no parece haberse realizado una investigación y/o comprobación sistemática (incluso sencilla desde una perspectiva burocrática mínimamente eficaz) que pusiese de manifiesto el alcance del fraude". El 29 de agosto de 1997 el entonces subinspector Serafín Díaz Regueiro fue implicado en la falsificación del certificado de navegabilidad del barco Arenas da Pía, detectada por la Autoridad Marítima Portuguesa de Povoa do Varzim, que denunció la falsedad ante los tribunales. Los juzgados portugueses solicitaron, mediante un exhorto a los juzgados coruñeses que investigasen los hechos. Fomento no intervino.


Las denuncias de Asorga

Los sindicalistas acusan también a Ángel del Real de autorizar, el 23 de junio de 1997, el funcionamiento de la cabria Franco en contra del criterio de los inspectores marítimos y de certificar su estabilidad, pese a no tener competencias para ello. Al cabo de dos días, la embarcación volcó en aguas del puerto por falta de estabilidad y provocó un vertido de hidrocarburo que afectó al banco marisquero de O Burgo. El Concello de Oleiros denunció los hechos en el juzgado, pero la demanda fue archivada.


Las denuncias de Asorga

La Asociación de Oficiales Radioeléctricos de Galicia (Asorga), una asociación hoy prácticamente desaparecida, presentó una serie de denuncias ante la Delegación del Gobierno que no fueron contestadas. En mayo de 1999 acusaron al entonces capitán marítimo Ángel del Real de autorizar la salida del puerto de varios buques que no cumplían las medidas de seguridad. En octubre le acusa de estar implicado en una trama de falseamiento del arqueo de embarcaciones de pesca, entre ellas, la del patrón mayor de Malpica. Marina Mercante tampoco intervino. La denuncia acabó en el despacho del Fiscal General del Estado. En noviembre de 2000 esta agrupación denunció que Del Real había recibido una fuerte suma de dinero en un mesón de Cuatro Caminos junto al proyecto de construcción de un buque. El dinero era, según la denuncia, para cambiar la actitud del inspector hoy expedientado -Luis González- frente al astillero Roseva, donde se iba a construir. El funcionario denunció el intento de soborno, pero no hubo investigación.

Trama de certificados falsos

El juez de instrucción número dos imputa al ex inspector Serafín Díaz los delitos de falsificación documental en la investigación abierta tras la aparición de varios certificados falsos de arqueo y navegabilidad. El caso aún está abierto y Díaz Regueiro sigue imputado, pese a lo cual fue nombrado capitán marítimo, cargo que ejerció hasta su jubilación, hace diez meses.


El barco gemelo del `O Bahía´

Los funcionarios de la capitanía advirtieron el 29 de mayo de 2003 que el Gallego José, un barco gemelo al después naufragado O Bahía, con diez muertos, tenía tanques en la cubierta que mermaban su estabilidad, de manera que no cumplía con los mínimos previstos en la ley. El barco fue autorizado a faenar todo el año y todavía hoy, según la junta de personal, no fue inspeccionado ni sancionado por ningún capitán marítimo; ni por Díaz Regueiro, ni por Francisco Suárez-Llanos, ni por el actual, Gustavo Ortega.


La detención del `Spiridon´

Díaz Regueiro ordenó la detención del carguero libanés Spiridon, que estuvo once meses retenido en el puerto coruñés acusado de verter hidrocarburo al mar. El Ministerio de Fomento no pudo demostrar la veracidad de su acusación y el director general de la Marina Mercante, Felipe Martínez, dejó marchar al buque en cuanto tomó posesión del cargo tras pedirle disculpas al armador.


Petroleros sin inspeccionar

La Capitanía Marítima permitió zarpar entre junio de 2003 y diciembre de 2004 a catorce petroleros sin someterlos a inspección ampliada. En todo ese periodo sólo el Histria Emerald, con 18 años de antigüedad, fue revisado, aunque fue en su cuarta escala en A Coruña. El incumplimiento del decreto 91/ 2003 aprobado tras el caso Prestige para mejorar la seguridad ha sido una constante en A Coruña.

Astilleros Valiña

El astillero comenzó a construir entre marzo y abril de 2004 un barco de 70 metros de eslora con destino a Portugal sin contar con autorización de la Capitanía Marítima, lo que está calificado como una falta grave. Ningún capitán marítimo ha promovido la sanción prevista en la ley para estos casos.

Ángel del Real es ahora presidente del Puerto de Ferrol y Serafín Díaz, que sigue imputado, se jubiló tras ser premiado con el cargo de capitán marítimo por su actuación en el alejamiento del Prestige. El funcionario condenado por acoso sexual, José Ramón Carmona, e imputado por falsificación, fue trasladado a la Capitanía Marítima de Ferrol.