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Apenas 308 de 2.268 barcos gallegos tienen ahora opción a ser legalizados
Solo el 13,5% de los casos irregulares han llegado a Madrid para que dictamine si se adaptan ya a la norma
Medio Marino admite que habrá que modificar la ley para corregir la limitación de potencia según la eslora de la nave.
Autor:
E. Abuín / A. Bruquetas
2/2/2009
A nueve meses de que expire el plazo otorgado por la legislación para que la flota pesquera española realice los ajustes oportunos para que coincidan las características reales de la embarcación con las que figuran en los papeles oficiales, el Ministerio de Medio Marino -que es el que en última instancia debe emitir el informe sobre su adaptación- no tiene sobre la mesa ni el 15% de los más de 2.000 casos de buques gallegos que se encuentran en situación irregular.
Por ahora, apenas 308 embarcaciones gallegas tienen opciones a entrar en el ámbito de la legalidad. Ese es el número de expedientes que, según el director general de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias, han llegado de la comunidad autónoma para que la Administración central evalúe si se dan los requisitos para que la embarcación continúe de alta en el censo. Se trata de un volumen insignificante si se tiene en cuenta que Galicia es donde más casos de irregularidades se han detectado y de donde procede el mayor número de solicitudes de adaptación: un total de 2.268; esto es, en torno a la mitad de la flota gallega.
Pero ni siquiera esos 308 titulares de embarcaciones tienen garantizada su continuidad en el censo de la flota pesquera operativa. Antes, Medio Marino deberá comprobar si se han corregido todas las diferencias -ya fuesen de eslora, manga, motores o material de construcción-, sin superar el margen de tolerancia que la propia ley establece. Y ese es un trabajo que todavía no ha emprendido la Secretaría General del Mar, al menos no con el paquete gallego.
Administraciones implicadas
El director general de Ordenación Pesquera explicó que, hasta ahora, solo se han expedido 102 informes favorables, todos para embarcaciones de Canarias y Andalucía. Gandarias subrayó que el peso del proceso lo llevan las comunidades autónomas, que tramitan las solicitudes, las envían a la Dirección General de Marina Mercante para que determine qué difiere entre la hoja de asiento y las características reales de la embarcación e informa al armador de las modificaciones que debe realizar para adaptarse a la legalidad. Una vez realizado todo ese trámite, «el expediente llega a la Secretaría General del Mar, que debe emitir informe favorable sobre las medidas adoptadas».
El responsable de Ordenación Pesquera admite que a estas alturas son muy pocas las embarcaciones que han encontrado una solución para su continuidad en activo en el proceso aprobado en junio del 2007. Y es consciente también de que es preciso dar una salida a esas otras 1.960 embarcaciones gallegas que encuentran dificultades para obtener la bendición legal a las variaciones que presentan. «Habrá que sentarse con la Xunta y Marina Mercante para estudiar las singularidades de la flota y, después, tomar decisiones. A lo mejor hay que agrupar los casos en función de si se pueden abordar posibles soluciones conjuntas o clasificarlos según su grado de dificultad de resolución», dijo Gandarias. Ese foro se celebró el viernes y, según dijo el secretario general del Mar, Juan Martín, en Malpica, ya hay un principio de acuerdo.
Pero el problema de la flota gallega no es ya que supere con creces el caballaje y las dimensiones que la ley da de margen para permitir la adaptación al registro sin penalización. Rebasa incluso la potencia permitida por la legislación para las embarcaciones menores. «Ese es un problema que excede ya al ámbito de la regularización, requiere ya una modificación de la normativa vigente», señaló. ¿Y es posible ese cambio? Gandarias no cerró la puerta: «Si hay una petición en ese sentido se podría llegar a esos límites».
Ese extremo fue confirmado por Juan Martín, que aseguró que el Gobierno considera superada la limitación de la potencia en función de la eslora del buque y que ya trabaja en la modificación del decreto correspondiente.
COMENTARIOS DE AEMC
Lo que sorprende es que no haya ni ceses ni expedientes para quienes certificaron en su momento que esas embarcaciones tenían en la realidad las mismas características que figuran en las hojas de asiento.
Esta foto, que ha sido tomada en febero de 2009, corresponde a un pesquero andalúz que ha colocado un par de sacos de no se sabe qué sobre el puente. Pero este no es más que un ejemplo singular de las miles de irregularidades que presenta la flota pesquera española. .........
En España, los procesos reglamentarios que hay que seguir para la construcción de una embarcación no dejan demasiado margen para que miles de ellas tengan esloras, arqueos y potencias muy distintas – generalmente superiores- a las que fueron aprobadas por la Administración competente en su momento. Sin embargo, de acuerdo con lo publicado, hay miles de embarcaciones irregulares, de las que un alto porcentaje han sido construidas a lo largo de los últimos 12 años.
No resulta fácil justificar cómo un armador y / o un astillero autorizados para construir una embarcación de unas deteminadas características técnicas - en base a los planos y memorias aprobados por la administración- construyen en la práctica una embarcación distinta. Por ejemplo, se solicita la construcción de una embarcación de 23 m. de eslora, y 6 m de manga, pero en realidad se construye una embarcación que tiene 26 m. de eslora y 6,80 m. de manga. Y aún más, es posible que se haya registrado una embarcación de madera de 10 m de eslora, pero en realidad esa embarcación es de fibra, tiene 22 m de eslora y un motor de 600 cv.
Como es obvio, no se trata de errores de fácil justificación. Para construir una embarcación tan dispar con la que fue autorizada oficialmente, se ha tenido que cortar el acero necesario con una clara intención de vulnerar la norma o se ha utilizado un molde de mayores dimensiones de las aprobadas oficialmente y se ha comprado un motor más potente. Y lo que es más grave, ha tenido que haber un/os inspector/es de buques que, de una forma u otra, ha/n consentido en la irregularidad, han prevaricado. Y a partir de ahí, todo lo que se quiera. Arqueos que no coinciden. Barcos que amanecen con un determinado GT y se acuestan con otro. Barcos con potencias límite de 500 caballos que en realidad tienen 1000 o 1500 caballos.... Certificados expedidos irresponsablemente, etc.
Ante todo este cúmulo de irregularidades, surge muchas preguntas, pero hay alguna inevitable: ¿Las subvenciones al gasóleo se asignan en función de la potencia real de la planta propulsora o en función de la potencia que figura en los "papeles"? La diferencia es sustanciosa. ¿Qué titulación se exige a los mecánicos de esos barcos, la que corresponde a la potencia real o la que se ajusta al registro oficial del barco?. ¿Tiene todo esto algo que ver con el reciente incremento de atribuciones a los mecánicos?
¿Soportaría la flota española un examen imparcial sobre el arqueo de sus barcos y en especial los de pesca?

Certificados.....¿Todos, y en regla?.
No se trata sólo de unas actuaciones irregulares que pueden afectar a la construcción, a los barcos nuevos, no; afecta en igual o mayor medida a los barcos en servicio. Éstos presentan reformas que en muchos casos inciden gravemente a las condiciones de seguridad del barco: maquinaria instalada en condiciones irregulares, realces de la borda, desagües cegados o limitados. Plumas, perchas, grúas y otros elementos de carga de variopinto corte, la mayor parte de ellos supuestamente diseñados e instalados a capricho del armador, y presumiblemente aceptados y tolerados por personajes -inspectores de buques- amparados por una determinada forma de interpretar la función inspectora, totalmente al margen de las normas. Funcionarios públicos que supuestamente expiden informes falsos y adulteran el sentido del control que deben ejercer las Administraciones públicas sobre la flota, funcionarios que deberían ejercer un razonable y eficaz control sobre las condiciones estructurales y operativas de los buques pesqueros, pero que no lo ejercen. ¿Por qué?
¿Se han levantado planos de las reformas efectuadas? ¿Se ha obligado a entregar los planos de las reformas introducidas sin auorización? ¿Dónde se encuentran esos planos, si es que existen?
La situación que presenta la flota pesquera es escandalosa, y eso es prueba evidente de que habido y sigue habiendo una actuación prevaricadora continuada, de la que ha de haber necesariamente responsables concretos. Sin embargo, da la sensación de que no se respeta el estado de derecho. La monumental burla a la norma y a la seguridad marítima se suelen remendar mediante sucesivas leyes y disposiciones menores en las que naturalmente se reconocen las irregularidades, pero no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que la flota pesquera tiene el mayor índice de siniestralidad de todos los sectores productivos, pero ese problema, se puede resolver ante la opinión publica acahcando las responsabilidades a Don Golpe de Mar, a Don Temporal y a Doña Vía de Agua, que últimamente suelen estar asociados a Dª Colisión con Extraño Objeto Flotante, todos ellos personajes anónimos alejados de los despachos en los que presumiblemente se cuecen este tipo de asuntos.
¿SI HAY EVIDENCIAS, SI HAY RESPONSABLES, por qué no se toman las medidas que son propias de un estado de derecho?
¿Hay un estado más allá del estado de derecho?
¿Existe un gratificante estado de cohecho?
Habría que dejar muy claro que no, pero en cualquier caso, si hay evidencias, habrá que actuar en consecuencia.
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