La liberación del Alakrana deja numerosos daños colaterales que el Gobierno no tendrá más remedio que reconocer y explicar con todo detalle a la opinión publica.

27/11/09

LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO,

María Teresa Fernández de la Vega, una de las figuras mas populares del Gabinete, está pasando por sus horas más bajas, hasta el punto que estaba dispuesta a dimitir si el secuestro del atunero vasco Alakrana no terminaba, como felizmente ha terminado, con la liberación de todos sus tripulantes después de pagar un rescate que ha roto el mercado de los secuestros en el Índico, el mar más peligroso del mundo, por donde circulan anualmente 30.000 barcos de todas las nacionalidades.

Su responsabilidad ante el Gobierno de crisis formado en el Palacio de la Moncloa; su abandono del puesto durante cuatro días cuando más grave estaba la situación para emprender un viaje oficial a Argentina que podía esperar; su decisión última de ordenar el traslado a España de dos de los piratas detenidos por la Armada, procesados ya por la Audiencia Nacional y pendientes de juicio; su enfrentamiento con la ministra de Defensa, Carme Chacón, con quien tiene una lucha sorda desde que aparecieron los primeros rumores sobre el “irresistible ascenso” de la catalana, a la que se consideraba artífice de la subida del PSC en las ultimas elecciones generales; en fin, su negativa a hacer la mínima autocrítica y a reconocer errores evidentes (“cuando se actúa de acuerdo a la ley no hay ningún error”) la han situado en una posición de gran incomodidad dentro del Gabinete. Su primera comparecencia en el Parlamento, en la sesión de control del Gobierno, ya ha dado una idea de su estado de ánimo al acusar al Partido Popular de estar al lado de los piratas y al negarse a dar las explicaciones que le pedía la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.

Hasta ahora, de la Vega, una adicta al trabajo, de tal forma que no hay papel que pase por la Comisión de Subsecretario o del Consejo de Ministros que ella no conozca y se lo haya estudiado, ha sido intocable y no se ha visto afectada por los distintos conflictos a los que durante estos años se ha tenido que enfrentar el Gobierno. Es más, en todas las encuestas siempre ha salido como uno de las ministros más valorados, aunque últimamente, según los sondeos, su estrella ha comenzado a dejar de brillar a pesar de los numerosos apoyos mediáticos con los que cuenta.

Sin embargo, no es la única culpable de la ineficacia con la que se llevado el secuestro del Alakrana, un secuestro que ha desbordado al Gobierno, a las Fuerzas Armadas por las estrictas condiciones con las que tiene que desenvolverse en la llamada Operación Atalanta, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), engañados por los secuestradores con la falsa maniobra de bajar a tres de los tripulantes a tierra, y al propio jefe del Ejecutivo, que ha aparecido y desaparecido de acuerdo con las circunstancias políticas de cada situación.

AL MARGEN DE LA REPROBACIÓN que el Partido Popular ha pedido de la vicepresidenta primera del Gobierno y de los ministros de Justicia y de Defensa, así como de la comparecencia del director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, ante la Comisión de Secretos Oficiales (¿por qué no ante la Comisión de Defensa ¿), el epílogo del secuestro deja numerosos daños colaterales que el Gobierno no tendrá más remedio que reconocer y, sobre todo, explicar con todo detalle a la opinión publica, sin refugiarse, como se pretende, en la seguridad del Estado.

De esta crisis sale muy quemada la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Defensa, Carme Chacón (que en un momento determinado fue substituida como portavoz por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos), el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que recurrió al abogado del Estado para que la Audiencia Nacional se hiciese cargo de dos de los piratas capturados por la Armada española y que complicó aún más la situación con un inédito enfrentamiento entre la Audiencia Nacional y el Ejecutivo, e, indirectamente el jefe del Alto Estado Mayor (Jemad), José Julio Rodríguez, por su última comparecencia pública llena de contradicciones.

Pero también de esta crisis se deberían sacar consecuencias, porque, desgraciadamente, los secuestros pueden volver a producirse y habrá que plantearse si, efectivamente, la mejor solución es la presencia de infantes de Marina en los barcos en vez de mercenarios, y si los protocolos de la Operación Atalanta, enormemente restrictivos, con los que tiene que actuar la Armada española son los más eficaces para luchar contra una piratería que se ha convertido en una auténtica industria.