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FOMENTO NO ENTREGÓ EL INFORME SOBRE EL ´DON PEDRO´ AL JUEZ QUE INVESTIGA EL CASO




FOMENTO NO ENTREGÓ EL INFORME SOBRE EL ´DON PEDRO´ AL JUEZ QUE INVESTIGA EL CASO

 

Sorpresa en el Juzgado de Instrucción 2 de Eivissa, que se enteró por la prensa de la existencia del documento desclasificado por Marina Mercante

 

S. PARRA

 

Dos años y medio de instrucción judicial, con cientos de folios recogiendo declaraciones, peritajes, transmisiones y otros datos de interés para la investigación y un día se coge un periódico y te enteras de que existe un informe oficial de técnicos ministeriales sobre el que nadie te había informado.

 

Esto es justo lo que le pasó a los responsables del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, del Ministerio Fiscal y representantes de las partes cuando el 24 de noviembre pasado conocieron por la prensa los principales detalles del informe de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, dependiente de Marina Mercante, referente al siniestro del ´Don Pedro´.

 

Petición oficial

 

Fomento procedía un día antes a desclasificar este extenso y concienzudo estudio de lo que acaeció dentro del carguero de Iscomar en la noche del 11 de julio de 2007 sin haber dado traslado de una copia del mismo al juzgado que instruye el caso. Así lo han asegurado fuentes conocedoras del caso, que apuntan que tras saberse de la existencia del documento se ha tenido que cursar una petición oficial al Ministerio para que envíe toda la documentación referente a esta investigación técnica. Un informe que, por cierto, tres semanas después todavía no había llegado a manos del juez.

 

No es este el único documento que se está esperando para poder ultimar la instrucción del procedimiento. En Instrucción 2 están pendientes también de que el mismo Ministerio de Fomento remita otro estudio, en este caso sobre el impacto medioambiental y las repercusiones que tuvo el vertido que siguió al hundimiento. Este documento serviría para cuantificar los gastos que originó la catástrofe y ayudaría a fijar las posibles indemnizaciones.

 

Una vez se obtengan estas documentaciones y los afectados por el hundimiento aporten cierta documentación económica sobre las pérdidas que les generó, se podrá dar por cerrada la instrucción.

 

De esta forma, apuntaron fuentes conocedoras del caso, en pocos meses la Fiscalía podría calificar los hechos, redactar su escrito de acusación, hacer su propia petición el resto de partes personadas y el juzgado podría fijar ya una fecha para la apertura del juicio oral.

 

El informe sobre las causas del hundimiento del ´Don Pedro´ recoge las declaraciones de los principales actores del suceso, así como los datos recogidos sobre el rumbo del barco y un resumen de las actuaciones posteriores de lucha contra la descontaminación. El documento no se pronuncia sobre la causa concreta del siniestro pero apunta a la existencia de negligencias o irregularidades, desde la más que probable confusión del rumbo nada más salir, hasta el abandono de la cabina cuando ya se estaban enfilando es Daus.

 

La finalización de la instrucción del caso del ´Don Pedro´ está a la espera también de que los particulares y empresas que se han personado como afectados por el vertido de combustible presenten información fiscal para poder realizar una estimación de las pérdidas que les generó el cierre de playas.

 

En concreto, se ha reclamado a quienes figuran como demandantes que aporten las cuentas de sus negocios del ejercicio de 2006, el último completo antes del incidente. De esta forma, se podrá conocer los ingresos que hipotéticamente habrían podido tener por la actividad que finalmente no pudieron desarrollar y determinar así el ´lucro cesante´ al que tendrían derecho en caso de que el juez declarara que los imputados (de momento, el capitán y el segundo oficial) o Iscomar tuvieran que indemnizarles.

 

La oficina de atención a los afectados que abrió el Consell para ofrecer asesoramiento jurídico y centralizar las reclamaciones recibió en los tres meses siguientes al hundimiento un total de 22 reclamaciones por un total cercano al millón de euros.

 
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