El gobierno uruguayo anunció la rescisión del contrato con el astillero español Francisco Cardama S.A. para la construcción de dos patrulleras oceánicas, luego de constatar incumplimientos de las obligaciones de constitución de garantía de fiel cumplimiento y la detección de irregularidades que podrían configurar un fraude y una estafa contra el Estado. El presidente Yamandú Orsi ordenó iniciar acciones judiciales civiles, penales y administrativas para resguardar los intereses estatales –que se iniciarán ante tribunales nacionales – y determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.  También se instruyó al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco República a iniciar investigaciones internas sobre los procedimientos de pago y la ejecución del contrato

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció la decisión en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, Además, en la sala de prensa estaban la vicepresidenta Carolina Cosse y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Según explicó el mandatario, la medida responde a la falta de cumplimiento por parte del astillero español Francisco Cardama S.A. de las obligaciones contractuales, especialmente en lo relativo a la constitución de la garantía de fiel cumplimiento por el equivalente al 5% del total de la obra (unos 82 millones de euros), un requisito fundamental que la empresa no cumplió en los plazos establecidos.

“Ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, he ordenado iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas”, indicó Orsi. El presidente recordó que el lunes pasado firmó una resolución para ejecutar la garantía y que instruyó al embajador uruguayo en el Reino Unido a presentarse ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garante, con el objetivo de asegurar el depósito de los fondos a favor del Estado uruguayo.

El mandatario advirtió que, a raíz de la información recabada en la instrucción, existen “fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o fraude al Estado uruguayo” y anunció que se iniciarán acciones ante la justicia civil, penal y administrativa. Estas medidas buscan, según Orsi, resarcir al Estado frente a eventuales daños y perjuicios y determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos que hayan intervenido en el proceso.

Incumplimiento de la garantía

El prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, detalló que el contrato con Cardama exigía que en un plazo de 45 días, la empresa presentara una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del valor total de la obra, que debía cubrir toda la duración del contrato, fijada inicialmente en 30 meses, más 12 meses adicionales, es decir, 42 meses en total. “Cardama no cumplió en el plazo establecido y fue solicitando sucesivas prórrogas”, agregó. Sin embargo, la empresa presentó una garantía limitada a un año y con serias deficiencias formales, que incluían la ausencia de traducción, falta de apostilla y la falta de acreditación de la representación de la firma que suscribió el documento.

Díaz informó que la garantía presentada correspondía a la empresa EuroCommerce Limited, con sede en el Reino Unido, y fue aceptada por el gobierno anterior  pese a que se presentó fuera de plazo, se encuentra actualmente en proceso de liquidación. La dirección declarada de la empresa resultó ser inexistente, correspondiendo en realidad a una inmobiliaria, y la información publicada en su página web resultó engañosa, incluyendo datos bancarios presuntamente falsos. Además, el único director de EuroCommerce es un ciudadano ruso residente en Rusia, que durante los últimos años no registró empleados ni actividad significativa.  Estas irregularidades constituyen, según  informó al gobierno un estudio británico, indicios claros de fraude. De las averiguaciones surgió que la garantía no estaba ni traducida, ni apostillada, no contaba con certificación de firma y no demostraba que la persona que lo suscribía tuviera facultades para representar a la empresa.

Díaz enfatizó que en el proceso de constitución de la garantía, que se extendió durante 11 meses —en lugar de los 45 días estipulados— Cardama presentó siete intentos de validación de garantías que fueron rechazados en algunos casos por no cumplir los requisitos formales establecidos en el contrato y en otros casos porque las empresas seleccionadas desistían de garantizar a Cardama. Díaz mencionó también que en el primer y segundo intento el ministerio de defensa de la época consultó al Banco Central del Uruguay que le planteó no aceptar las garantías y además le sugirió la contratación de un estudio jurídico y un corredor de seguros para garantizar que la garantía fuera válida. “Esto no se realizó, se contrató un estudio, aparentemente el estudio Delpiazzo, y se aceptaron garantías insuficientes con la condición que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento del plazo”, indicó. El 22 de setiembre, agregó Díaz, Cardama nos debió decir cuál era la nueva garantía, hecho que no ocurrió, lo que motivó la decisión presidencial de iniciar la rescisión y las acciones legales correspondientes. 

Pagos realizados

Durante la conferencia, se confirmó que hasta la fecha se habían realizado tres transferencias a Cardama, por un monto aproximado de unos 30 millones de dólares, en cumplimiento del contrato y de los hitos establecidos. Sin embargo, la garantía de fiel cumplimiento, que debería proteger estos recursos, resultó insuficiente e inválida.

Díaz también explicó que el procedimiento de pagos implementado por la administración anterior era atípico. En lugar de efectuarse por el Ministerio de Defensa Nacional tras la verificación de cada hito de avance, se abrió una cuenta en euros en el Banco República donde la empresa notificaba a un banco en Madrid sobre los hitos cumplidos, y este banco comunicaba al Banco República para que realizara el pago. “Este procedimiento difiere del habitual en la administración pública y no permitió un control adecuado sobre la transferencia de fondos públicos”, señaló Díaz que agregó que la explicación que se dio para justificar este proceder fue “que el Ministerio de Defensa no tenía cuenta en euros”. “Desde el punto de vista jurídico, nunca debió haberse aceptado una garantía de una empresa con estas características y que además en un documento que no estaba traducido, no estaba apostillado, y que no estaba acreditada la representación de la empresa; esto en cuanto a los aspectos formales, no hablo de los cuestiones sustanciales como la capacidad de pago de esta empresa”, agregó.

Evaluación de antecedentes

Por su parte, el secretario de la presidencia Alejandro Sánchez recordó la polémica que se generó con este contrato pese a lo cual el astillero español fue seleccionado por la administración anterior en el entendido de que Cardama podría cumplir en tiempo y forma con la construcción de las dos OPV.

“Es el mismo astillero que demoró 11 meses en poder constituir sus garantías de fiel cumplimiento y que en definitiva, no se tomaron los recaudos para comprobar que l empresa tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación”, afirmó. A partir de la decisión del presidente, agregó, se corroboró la insuficiencia de la garantía propuesta por EuroCommerce.

“Si en tres días con estas acciones se pudo averiguar toda esta información evidentemente estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad”, advirtió Sánchez. Agregó que se deberá determinar si en esta maniobra “de apariencia fraudulenta, hay complicidad de funcionarios públicos que no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario”.

Acciones judiciales

El presidente Orsi instruyó al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco República a iniciar investigaciones internas sobre los procedimientos de pago y la ejecución del contrato. Asimismo, se remitieron los antecedentes a la investigación administrativa ya en curso en Defensa y se dispuso la denuncia penal correspondiente, con el objetivo de resguardar los recursos del Estado y asegurar la posibilidad de resarcimiento económico.

“El Estado uruguayo tiene la obligación de proteger los recursos públicos y garantizar que contratos millonarios se ejecuten correctamente. Esta decisión asegura que se adopten todas las medidas legales para preservar los intereses del país”, afirmó Orsi.

Respecto al avance de la construcción de las patrulleras oceánicas, se informó que dos funcionarios de la Armada Nacional se encuentran actualmente en España verificando los procedimientos de construcción. Aunque existían reportes de dificultades técnicas en la construcción de los buques, el problema central identificado por la administración actual no está vinculado al cumplimiento técnico sino a la falta de garantías legales y financieras que protejan al Estado.

Sánchez puntualizó que, más allá de los avances técnicos, la presentación de una garantía con irregularidades graves —como la que realizó Cardama— desprotege completamente al Estado y justifica la rescisión del contrato y las acciones legales.

Javier García acusó a Orsi de prestarse a una “maniobra política de la peor especie”

El senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa durante el proceso de contratación del astillero Cardama catalogó de “lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie”. García afirmó en X que el mandatario “sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar”. “Con esta jugada expone al país a demandas y a romper con las seriedad de nuestro país en el cumplimento de un contrato; la política menor lamentablemente le ganó al presidente”, agregó. “Si quiere discutir las garantías que presentó la empresa lo puede hacer, pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlo sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrullas por razones políticas”, concluyó.