La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. / Europa Press
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra once consultoras de ingeniería por un presunto reparto de licitaciones públicas de consultoría y asistencia técnica. Entre las compañías investigadas figuran filiales de algunos de los mayores grupos empresariales del sector de las infraestructuras, como Indra, Sener o Técnicas Reunidas.
El expediente se centra en posibles acuerdos e intercambios de información comercial sensible para manipular concursos convocados por organismos públicos estatales, autonómicos y locales, algo que atentaría contra la Ley de Defensa de la Competencia. Según el regulador, las empresas habrían presentado ofertas ficticias de forma concertada para repartirse contratos.
Detrás de varias de ellas se encuentran grandes grupos. Es el caso de Prointec, la filial de ingeniería civil de Indra; Heymo Ingeniería, que pertenece a Técnicas Reunidas; la vasca Sener Ingeniería y Sistemas o Applus Norcontrol, integrada en el grupo Applus+ —recientemente objeto de una opa por parte de los fondos I Squared y TDR Capital—. También TPF Getinsa Euroestudios pertenece al grupo francés TPF, con presencia internacional en más de 60 países.
El listado de empresas expedientadas se completa con Alauda Ingeniería, Ciesm-Intevia, Esmovilidad (Estudios y Servicios de Movilidad y Gestión de Infraestructuras), Incope Consultores, iPlan Movilidad y Tema Ingeniería, todas ellas radicadas en Madrid.
La Dirección de Competencia inició la investigación tras analizar diversas licitaciones convocadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para contratar servicios de consultoría y asistencia técnica en ingeniería. El foco está en contratos vinculados a infraestructuras viarias, un ámbito que concentra un elevado volumen de inversión pública.
En el marco de la investigación, la CNMC llevó a cabo inspecciones domiciliarias entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2024 en las sedes de otras compañías del sector, como el gigante estadounidense AECOM, la suiza SGS Tecnos —una de las líderes globales en inspección y certificación— y otras más pequeñas como Alauda, Prointec, y Getinsa. Posteriormente, entre el 25 y el 28 de noviembre de 2024, hizo lo propio en imesAPI (filial del grupo Vinci), Heymo (filial de Técnicas Reunidas), Esmovilidad y Tema Ingeniería. Algunas de ellas no han sido incluidas entre las 11 compañías contra las que se ha incoado expediente.
La CNMC recuerda que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final. A partir de ahora, el regulador de la competencia tiene un plazo máximo de 24 meses para instruir y resolver el procedimiento, que podría desembocar en sanciones económicas relevantes si se acreditan los hechos. En casos de cártel, las multas pueden alcanzar hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.