TLa operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional, acordado después de los horrores de dos guerras mundiales y el Holocausto: los Estados no deben usar la fuerza para perseguir sus reivindicaciones territoriales o demandas políticas.
Estoy profundamente perturbado por estos acontecimientos y por algunas de las reacciones que he presenciado. Está surgiendo una narrativa que busca justificar la intervención militar estadounidense como respuesta al terrible historial de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro .
Mi oficina ha condenado desde hace tiempo las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas. Hemos informado, monitoreado y advertido sobre la situación en Venezuela, más recientemente, justo antes de Navidad . Hemos exigido constantemente el fin de los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución de opositores políticos y las amplias restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Hemos instado a que se realicen investigaciones independientes y se rindan cuentas. Durante muchos años, mi equipo en Venezuela abogó por la liberación de defensores de derechos humanos, monitoreó juicios y colaboró con la sociedad civil, la oposición y las instituciones estatales.
Nuestro monitoreo e informes detallados tenían como objetivo impulsar la acción. Cuando un Estado viola los derechos humanos de su población, mi oficina se encuentra entre quienes se encargan de dar la alarma. Corresponde a la comunidad internacional utilizar las herramientas y mecanismos legales a su disposición para que los Estados respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estas herramientas podrían incluir la influencia diplomática y la inversión en la rendición de cuentas. Sin embargo, estas herramientas y mecanismos no se desplegaron eficazmente para influir en el gobierno de Venezuela .
Lejos de ser una victoria para los derechos humanos, esta intervención militar —que contraviene la soberanía venezolana y la Carta de la ONU— daña la arquitectura de la seguridad internacional, haciendo que todos los países sean menos seguros. Envía la señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran y debilita el único mecanismo que tenemos para prevenir una tercera guerra mundial: las Naciones Unidas . Ningún engaño ni distracción puede alterar estos hechos.
Más allá de los argumentos jurídicos, la historia nos enseña que si bien los intentos de cambio de régimen pueden inicialmente ser recibidos con alivio, a menudo conducen a violaciones masivas de los derechos humanos, un caos peligroso y un conflicto violento prolongado.
Los derechos humanos de los venezolanos no son moneda de cambio ni un punto a ganar. He visitado Venezuela y he hablado con su gente, y siento un profundo sentimiento por ellos en este momento. Me compadezco de quienes esperan desesperadamente noticias de sus seres queridos; de las familias que han sido separadas; y de todos aquellos que tienen un lugar vacío en sus mesas durante estas fiestas. Los derechos humanos deben ser fundamentales para el futuro de Venezuela, no una cuestión de último momento, relegados a un segundo plano ante las negociaciones sobre la explotación de combustibles fósiles. El futuro del país debe ser decidido por su gente.
En términos más generales, los derechos humanos no pueden tratarse como una pelota de ping-pong ideológica. No podemos permitir que nuestros derechos sean instrumentalizados: invocados cuando convienen y vilipendiados cuando no. Temo por las personas de la región y del mundo que están profundamente alarmadas por lo que esta violación del derecho internacional implica para su propia seguridad. No se trata de elegir entre una intervención unilateral contraria al derecho internacional o ignorar años de violaciones de derechos humanos. Necesitamos más fidelidad al derecho internacional en todo el mundo, no menos.
La sociedad venezolana necesita sanación. Necesita justicia para superar la polarización y reparar su tejido social y económico. No necesita militarización, violencia ni mayor incertidumbre e inestabilidad.
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Ante todo, Venezuela necesita que la comunidad internacional deje de hablar de los derechos humanos y defienda la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. La alternativa tendrá consecuencias terribles en todo el mundo.
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Volker Türk es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2022