Hacienda, Fomento y Autoridad Portuaria de Gijón preparan conjuntamente la defensa de los intereses de España frente al informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea con la premisa de que, si hubo algún fraude o irregularidad, no es achacable a la Administración, sino a las empresas, estrategia acorde con la respuesta ante la reclamación de 350 millones de euros presentada por la UTE Dique Torres.

Aunque la estrategia a seguir no está cerrada, se intentará probar que el puerto fue, por decirlo así, más defraudado que defraudador, y que, por lo tanto, no procede, encima, aplicarle una sanción económica como sería la retirada de los 249,7 millones de subvención comprometidos. Dicho objetivo podría implicar el reconocimiento de que la gestión pública pudo contener errores, pero no fraudes.

El informe de la OLAF, según explicaron a EL COMERCIO fuentes conocedoras del mismo, plantea dos asuntos fundamentales. Uno es la ya conocida discrepancia sobre si la Autoridad Portuaria de Gijón debió o no meterse a ofrecer a los licitadores la utilización de la cantera de Aboño, especialmente sin fijar a priori el precio de la piedra. El otro es si el sobrecoste está justificado o fue simulado.

Respecto al primer tema, el preacuerdo con HC Energía sobre la utilización de la cantera de Aboño, puede decirse que no hay mucho más que hablar o, si se prefiere, poco argumento nuevo que esgrimir, ya que ese asunto fue debatido explícitamente entre España y la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea tras plantear ésta última una sanción de 18,3 millones de euros, que quedó sin concretarse.

El segundo problema sí es novedoso, porque incluye la sospecha de que la Autoridad Portuaria de Gijón pudo aceptar innecesaria y conscientemente un aumento de los precios pactados en el contrato inicial. Dicho de otra manera, la cuestión que plantea la OLAF es si realmente fue imprescindible buscar piedra lejos de El Musel y en explotaciones comerciales o era posible desde el principio, tras fallar temporalmente la cantera de Aboño, utilizar la de Perecil con la misma intensidad con la que se hizo más tarde. La OLAF considera que la UTE Dique Torres tenía garantizada toda la piedra que necesitaba cerca de El Musel, sin necesidad de ir a buscarla más lejos.

Por lo tanto, la OLAF alerta sobre la circunstancia de que, si tras aprobarse el sobrecoste fue posible encontrar piedra y relleno cerca de El Musel, el aumento del precio acordado en el modificado no está justificado.

En este punto se sitúa el asunto más espinoso para los intereses de España y de la Autoridad Portuaria de Gijón, que consiste en determinar si los responsables de El Musel aceptaron el modificado convencidos de su necesidad o si consintieron un enriquecimiento injusto de la UTE Dique Torres.

Las fuentes consultadas ayer por EL COMERCIO aseguraron que la OLAF lanza sospechas en su informe, pero no prueba la connivencia ni la mala fe que implicaría aceptar un sobrecoste injustificado y tanto más sangrante cuanto que gran parte del material utilizado para relleno carecía de coste, porque procedía de escombreras que resultaron gratuitas para la constructora.

En ese sentido, el argumento del  presidente de El Musel durante las obras de ampliación, Fernando Menéndez Rexach, es que la Autoridad Portuaria de Gijón pagó siempre obra realizada y no tonelada adquirida.

Acuerdos anacrónicos

El informe de la OLAF no sólo pone en duda la procedencia del modificado aceptado por el puerto, sino que detecta un anacronismo en su aplicación, reconocido por irrefutable. Es sabido que cuando la UTE Dique Torres comprobó que no podía utilizar conforme a sus previsiones la cantera de Aboño, planteó la necesidad de acordar un modificado para paliar el encarecimiento que para la adquisición de materiales supondría acudir a canteras comerciales y distantes, so pena de paralizar las obras, con el riesgo de que la mar se llevase lo ya hecho.

Con el objetivo declarado de continuar las obras, el Gobierno del Principado y la Autoridad Portuaria de Gijón, con conocimiento de Puertos del Estado, según explicaron en su día responsables de ambas instituciones en la Junta General del Principado, decidieron aceptar el modificado.

El caso es que la aprobación del mismo por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria fue cerca de dos años después. La razón es que la Administración (y una Autoridad Portuaria lo es) no puede aprobar un gasto sin partida presupuestaria, y antes de que se formalizara el crédito concedido por el ICO a través de Puertos del Estado se estudiaron distintas alternativas (incluida la frustrada ayuda europea) que demoraron las cosas y provocaron la anomalía.