Un tribunal británico dictaminó el viernes que España no puede ejecutar ninguna sentencia española que obligó a la compañía aseguradora del petrolero hundido “ Prestige ” a pagar 855 millones de euros debido al desastre medioambiental que provocó su hundimiento en 2002.

El juez Christopher Butcher, de la Sala de lo Mercantil del Tribunal Superior de Justicia, estima el recurso de la London Steamship Owners' Mutual Insurance Society contra la ejecución de una sentencia de la Audiencia Regional de La Coruña, que declaraba a la aseguradora obligada a indemnizar al Estado por el vertido tóxico ocurrido en las costas de Galicia en noviembre de 2002.

En su fallo, el juez considera “irreconciliable” la sentencia española. Con un fallo arbitral en Reino Unido que eximía a la empresa de pagar a España. A su juicio, reconoce que la decisión del tribunal gallego "sería contraria" al principio de cosa juzgada ("res judicata") que rige en Inglaterra. El barco que enarbolaba bandera de Bahamas, se estrelló cuando transportaba 70.000 toneladas de fueloil pesado provocando daños en la costa norte de España y la costa occidental de Francia, abriendo un largo litigio legal entre la aseguradora y España que se planteó en dos casos diferentes en dos estados miembros.

Aunque España y Francia presentaron una demanda contra la empresa en virtud del artículo 117 del Código Penal, la compañía de seguros se atuvo al hecho de que su contrato con los armadores estipulaba que cualquier disputa se resolvería mediante arbitraje en el Reino Unido. En 2013, el abogado británico Alastair Schaaf emitió un fallo que eximía a la compañía de pagar. Esto se consigue aplicando una cláusula que exime a la aseguradora de pagar si los propietarios del petrolero no lo han pagado antes.

Este arbitraje abrió un largo proceso que también llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2022 falló a favor de España. Sin embargo, un nuevo fallo del juez retirado Peter Gross en el Reino Unido en marzo de este año confirmó que la disputa debería regirse por la ley inglesa y que España estaba "violando sus obligaciones" de buscar justicia en otros casos .

En mayo de este año, el juez Butcher celebró cuatro sesiones en las que ambas partes expusieron sus argumentos, antes de emitir hoy su fallo, que está sujeto a apelación. La decisión tiene efectos secundarios, ya que en el Reino Unido se están llevando a cabo varios arbitrajes corporativos renovables. La Justicia permitió a España confiscar parte de la indemnización que debía cobrar a la Prestige Insurance Company.