La Ley de Montes y sus respectivos estatutos hacen de la extinción de incendios una competencia de las comunidades autónomas, que les obliga a contratar cada año unos 200 helicópteros y aviones. Es el principal escuadrón que lucha contra el fuego junto a los casi 60 medios aéreos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica: una casi cincuentena contratada con empresas privadas y 14 aviones anfibios mantenidos por el 43 Grupo del Ejército del Aire. 

Esos 200 helicópteros y aviones son igualmente alquilados por los gobiernos autonómicos al mismo puñado de operadores aéreos privados que contratan con el Gobierno central. Y que forman un "oligopolio o monopolio de facto", como reconoce el mismo ministerio en la memoria justificativa del contrato para los próximos tres años adjudicado en diciembre de 2024.

Según ha podido comprobar Público buceando en la Plataforma de la Contratación del Estado, las 11 mayores comunidades autónomas han adjudicado en los dos últimos años a ese oligopolio 384,61 millones de euros para que sus aparatos apaguen incendios. En algunos casos son contratos plurianuales que les cubren hasta 2027. Como este diario ha publicado, el Ministerio de Transición Ecológica paga a estas empresas otros 270 millones por hacer ese mismo trabajo apoyando los dispositivos autonómicos. Es decir, se embolsan casi 654 millones de euros públicos por un trabajo que, en efecto, son muy pocos los que pueden hacerlo en España.

Además del gigante Avincis, la empresa con mayor flota y plantilla, y adjudicataria de buena parte de los grandes contratos de emergencias e incendios del Gobierno central, en la contratación autonómica es Pegasus Aero Group el operador preferido: sus helicópteros apagan fuegos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias. Avincis tiene contratos en Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunitat Valenciana. Baleares, Madrid y Extremadura han optado por la mallorquina Sky Helicópteros. Y para surtirse de aviones anfibios y de carga es Martínez Ridao Aviación SL, con base en Utrera (Sevilla), la única empresa que suministra este tipo de aparatos a Castilla La-Mancha, Comunitat Valenciana, Baleares, Extremadura, Andalucía y Cataluña.

Algunas comunidades practican una suerte de localismo en la contratación. Por ejemplo, Cataluña ha adjudicado cuatro lotes de los 10 de su más reciente concurso a dos empresas catalanas: Helitrans Pyrinees SLU, con sede en Adrall (Lleida), y Helipistas SL, de Barcelona. Aunque no por ello ha olvidado otorgar otros dos lotes a Pegasus y uno más a Martínez Ridao Aviación. Por su parte, la Xunta de Galicia prefiere las Uniones Temporales de Empresas (UTE). Avincis consiguió en 2023 un contrato de 4,34 millones para cuatro años –hasta 2026– formando una UTE con una firma de Valladolid, Oficina Técnica Demontes SLU. La UTE Helicópteros de Galicia, pese al nombre, está integrada por una empresa zamorana, Repoblación y Bosquetes Forestales SA (Rebofosa) y otra de Salamanca, Airworks Helicopters SL. El Gobierno gallego les ha adjudicado dos contratos plurianuales, de 21,86 y 8,78 millones de euros.

Andalucía, a la cabeza

De las 11 comunidades autónomas analizadas, Andalucía es la que mayor presupuesto destina a alquilar aeronaves para apagar fuegos. También es el territorio de mayor extensión. En total, gasta 83,92 millones de euros, que incluyen un macrocontrato de 62,53 millones dividido en cuatro lotes, de los que Pegasus se ha llevado tres. Martínez Ridao Aviación ha conseguido otra licitación, de 3,7 millones, para suministrar a la Junta de Andalucía cuatro aviones anfibios. Además, en la plataforma figura como en fase de evaluación aún un concurso por 17,72 millones para contratar cuatro aviones anfibios y dos helicópteros ligeros.

Le sigue Cataluña, con 67,7 millones invertidos en un solo contrato de 10 lotes, para contratar 19 helicópteros y dos aviones anfibios en las campañas de 2025 a 2027.

Galicia, la comunidad tradicionalmente más castigada por los incendios, destina 48,16 millones a la lucha contra el fuego desde el aire hasta el año 2027. Además de los contratos ya mencionados para alquilar helicópteros, ha firmado con Planificación y Soluciones Aéreas SL (Plysa) para que le suministre aviones de carga durante cuatro años a cambio de 13,17 millones. Plysa es filial de la valenciana Air Nostrum, que fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2022 con los fondos de ayuda a empresas impactadas por la pandemia del covid.

Castilla-La Mancha, con 47,13 millones en adjudicaciones, le dedica más dinero al alquiler de aeronaves que Castilla y León,  45,43 millones. Los contratos del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con Pegasus actualmente en vigor se firmaron en 2022 y fueron modificados en mayo y junio de este año, para ampliar su extensión temporal hasta 2027 y también su importe.

La factura contraincendios de la Comunitat Valenciana es menor, 21,2 millones de euros, aunque para adjudicaciones sólo bianuales, para 2024 y 2025. Además, ha escogido también a una firma local, la ya citada Plysa, para dos lotes que suman 4,6 millones de euros, y a la murciana Rotorsun SL, para otros dos contratos que superan los 13 millones.

Diez helicópteros en Madrid

También con una duración de dos años, Extremadura destina una cantidad similar a la valenciana, 20,42 millones, que le sirven para alquilar nueve helicópteros a Sky Helicópteros y cinco aviones anfibios a Martínez Ridao Aviación.

La Comunidad de Madrid se gasta 15,15 millones en adjudicaciones a operadores aéreos, con los que mueve 10 máquinas suministradas por Sky Helicópteros, Pegasus y la madrileña Eliance Helicopter Global Services SL. Su presupuesto apagafuegos es de un volumen parecido al de Aragón, que está pagando 15,41 millones de euros a Avincis.

Los contratos de Baleares, 11,8 millones, son un poco superiores a los de Canarias, que desembolsa 8,24 millones. La mayor parte del presupuesto balear, 6,47 millones, se lo lleva otra empresa local, la mallorquina Sky Helicópteros. El resto tiene como destinatario Martínez Ridao Aviación para aviones anfibios y para otro de observación. Finalmente, Canarias elige a Pegasus para hacer volar tres helicópteros hasta diciembre de 2026.