Después de un litigio de cinco años, un tribunal condenó a la Universidad de Costa Rica (UCR) a pagar la suma de ¢10 millones por daño moral a cada uno de los estudiantes de la licenciatura de Marina Civil que demandaron a la institución; a cancelar entre 12 y 24 meses de salario por concepto de daño por chance frustrado; y a reintegrarles los gastos en que incurrieron por concepto de matrícula y créditos realizados durante todos los años universitarios en que cursaron la carrera.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitió la sentencia el pasado 27 de febrero. La demanda había sido interpuesta el 28 de febrero de 2019.

De acuerdo con el Tribunal, por concepto de daño material, la UCR deberá reintegrarles los gastos en que incurrieron por concepto de matrícula y créditos realizados durante todos los años universitarios en que cursaron la Licenciatura en Marina Civil, transporte, alimentación, hospedaje, papelería, compra de material didáctico y gastos en ocasión de las pasantías. Sólo se rebajarán aquellas sumas que ya fueron pagadas por la universidad.

Por concepto de “daño por chance frustrado”, la UCR deberá pagar 24 meses de salario a favor de dos de los demandantes y 12 meses de salario a favor de cinco de ellos, calculado sobre la base salarial que consta en el peritaje.

Y  por concepto de daño moral, la UCR deberá pagar ¢10 millones a favor de cada uno de los demandantes, los cuales devengarán intereses desde la firmeza de la presente sentencia hasta su pago efectivo.

El Tribunal también señaló que la UCR deberá comunicarle a los accionantes si existe alguna solución a fin de que puedan reincorporarse y culminar su plan de estudios, dentro de los límites y en los términos definidos en la sentencia.

El caso

Los demandantes son estudiantes de la carrera de Ingeniería Marina Civil en la UCR desde el año 2012 y 2013, que no consiguieron terminar su plan de estudios por imposibilidad de finalizar la práctica profesional, “debido al funcionamiento anormal e inactividad formal del centro de educación superior”, se argumenta.

Según las personas estudiantes, la carrera se abrió de manera improvisada “y fue promocionada de manera engañosa y fraudulenta por la universidad” durante los años 2011 y 2012 utilizando el “Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Costa Rica”, que no existía para ese momento y por medio del cual se ofrecía también un grado académico adicional en esa universidad de España.

Explicaron que aunque Costa Rica pertenece a la Organización Marítima Internacional (OMI), cuando se abrió la carrera no había suscrito los acuerdos internacionales para brindar la titulación internacional, lo cual se requería para trabajar en embarcaciones de cualquier bandera que perteneciera a dicha organización.

Como España pertenece a la OMI y tiene firmado e implementado el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de Mar (STCW según sus siglas en inglés), el convenio suscrito con la UCR sería el medio para que ellos pudieran obtener la certificación internacional de la OMI y poder ejercer la profesión.

Pero Costa Rica no firmó el tratado internacional que aprueba el “Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978” hasta febrero de 2017.

Además de todo esto, hasta el 2018 se suscribió el “Convenio específico de cooperación académica entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Cádiz en materia de cooperación y de intercambio de alumnos y profesorado en el ámbito de la escuela de ingenierías marítima, náutica, y radio electrónica de la UCR y de las carreras de licenciatura en marina civil, ingeniería náutica y radioelectrónica de la UCR”; pero el documento no incorporó nada sobre la doble titulación publicitada y mercadeada por la UCR.

“Consideran que fueron víctimas de engaños por la Universidad demandada, pues con base en los principios de buena fe y confianza legítima, partiendo de la información oficial falsa que brindó el centro de educación superior, entraron a una carrera de evidente proyección laboral dado el desarrollo del transporte internacional de mercancías vía marítima que se lleva a cabo en la zona costera de Limón”, se lee en la sentencia.

Los demandantes también indicaron que la Universidad varió la malla curricular y de manera improvisada hizo cambios a la carrera en los años 2014 y 2017; por ejemplo, que se cambió el curso de Prácticas externas y Proyecto final de grado, dividiéndolo en 2, aunque ellos habían matriculado según la primera resolución. Cuando interpusieron la demanda, los estudiantes sólo  habían podido llevar una práctica profesional gracias al Convenio suscrito entre la Universidad y la empresa Svitzar Americas Ltd, y que la Universidad no podía facilitarles la ejecución de la otra práctica profesional como oficial cadete en naves marítimas.

UNIVERSIDAD solicitó una declaración a las autoridades universitarias ante la sentencia; pero se indicó que la están analizando y se emitirá un comunicado próximamente.