La Autoridad Portuaria de Santa Cruz ha enviado un escrito al Ministerio de Fomento manifestando su discrepancia con el resultado desfavorable de la declaración de impacto ambiental del puerto deportivo de San Andrés, informe que tumba esta actuación y que la opinión de tenerife dio a conocer el pasado 3 de octubre. El PP en el Ayuntamiento de la capital ha criticado duramente que la Autoridad Portuaria "siga defendiendo la obra de la marina en este pueblo chicharrero cuando hay una declaración desfavorable del Ministerio de Medio Ambiente y cuando el Gobierno local, formado por CC y PSOE, ha asegurado que el recientemente aprobado Plan Especial del Puerto elimina la construcción de la mencionada instalación porque los vecinos no la quieren".

Fuentes del Gobierno local indicaron ayer a este periódico que el envío de este escrito por parte de la Autoridad Portuaria a Fomento es una estrategia jurídica para evitar pagar una indemnización millonaria a Parque Marítimo Anaga, la empresa a la que en julio de 1997 el Puerto otorgó la concesión del espacio marino frente a la Avenida de San Andrés. "El problema es que dicha concesión se produjo en aquel entonces, aunque no se hiciera bien, y ahora la entidad querrá reclamar lo que ha perdido por no poder construir la marina", apuntaron dichas fuentes.

De todas formas, el Gobierno local sigue insistiendo en que ese puerto deportivo nunca se construirá en el pueblo chicharrero y en que el Plan Especial, aprobado de manera definitiva el jueves, no incluye dicha instalación.

Sin embargo, el partido Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz advirtió ayer a través de un comunicado que el nuevo Plan Especial del Puerto no solo no elimina el muelle deportivo de San Andrés, sino que además queda sometido a la redacción de un plan especial. "Este modo de actuar podría esconder la intención de los socios de Gobierno de invisibilizar un proyecto que no solo es rechazado por Sí se puede, sino por buena parte de la ciudadanía chicharrera", afirmó el concejal Pedro Arcila. A lo que se suma, según ha indicado el PP, que ahora la Autoridad Portuaria "se muestre contrario al informe estatal que tumba la marina".

El pasado 3 de octubre, la opinión de tenerife informó de que el Ministerio de Medio Ambiente había formulado una declaración de impacto ambiental desfavorable para esta actuación, al concluirse que la misma "previsiblemente causará efectos negativos significativos sobre el medio ambiente". En concreto, esta declaración de impacto se refiere a la modificación del proyecto inicial que realizó la Autoridad Portuaria para intentar atender las demandas vecinales y reducir la superficie de la marina. Sin embargo, el Gobierno central considera que las medidas previstas en dicha modificación del proyecto "no son una garantía suficiente para su completa corrección". En el informe también se establece que el nuevo puerto deportivo tendría un impacto "permanente e irreversible sobre el paisaje" y su ejecución "supondría la destrucción del sebadal de Cymodocea nodosa en unas 10 hectáreas", especie que está incluida en el Listado de Especies Silvestres del Régimen de Protección Especial.

Este periódico ha tenido acceso al escrito de discrepancia que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha enviado al Ministerio de Fomento del Gobierno central a raíz de conocerse que la declaración de Medio Ambiente era desfavorable. En él, el Puerto chicharrero alega que la cuantificación que recoge la declaración de impacto ambiental del principal efecto adverso del proyecto, es decir, la destrucción de las praderas de sebadal, "no está fundamentada".

Asimismo, la Autoridad Portuaria manifiesta en el escrito que "las consideraciones efectuadas al formular la declaración de impacto, que conducen al resultado de desfavorable, no contemplan la dinámica ecológica natural de la zona". "El cambio de criterio señalado en la declaración en cuanto a la conveniencia de ampliar la protección que representa la ZEC (Zona de Especial Conservación) a los sebadales del ámbito del proyecto y su entorno inmediato, omitidos expresamente al delimitar la ZEC para facilitar la ejecución de los proyectos previstos en la zona y que, además, parece ser una de las motivaciones determinantes para el resultado de la declaración de impacto ambiental, no es razonable y lesiona derechos adquiridos para desarrollar el puerto deportivo, sin que quepa argüir que es por razones de conservación de la especie o porque la misma esté insuficientemente representada en las ZECs de Canarias. Resulta mucho más razonable ampliar la protección del área que se encuentra entre las dos ZECs de la zona, la ZEC Sebadales de San Andrés y la ZEC Sebadales de Antequera", indica el Puerto chicharrero en su escrito.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife también deja claro que la modificación del proyecto inicial, sometida a esta declaración, se realizó precisamente para disminuir los efectos adversos sobre el medio ambiente. "En el hipotético caso de que esto hubiera sido conocido con carácter previo a la resolución de sometimiento al impacto ambiental, el sentido de la resolución no podía haber sido otro que el de no sometimiento. Por tanto, resulta cuanto menos sorprendente que siendo esto así se pueda formular ahora una declaración desfavorable", sentencia el Puerto de la capital. Según este, el órgano ambiental se aparta del ámbito de evaluación ambiental de proyectos previsto en la legislación, al evaluar "ex novo el proyecto en lugar de evaluar los cambios respecto al proyecto ya autorizado".

La Autoridad Portuaria concluye en el documento enviado al Ministerio de Fomento que ha dado cumplimiento al requerimiento del Consejo de Estado, "comprometiendo las medidas necesarias para que la actuación modificada tenga menos efectos adversos sobre el medio ambiente que la original ya evaluada, la cual no presenta afecciones significativas sobre la ZEC". "Estos aspectos se entienden acreditados por la propia declaración de impacto ambiental y debieran conducir a un resultado distinto de la misma", sentencia el Puerto de Santa Cruz ante Fomento.

La polémica historia del muelle deportivo de San Andrés, que también incluía la dotación de aparcamientos, un centro comercial, espacios verdes y peatonales, y un helipuerto, comienza en julio de 1997, cuando la Autoridad Portuaria de la capital otorga la concesión del espacio marino frente a la Avenida de San Andrés a Parque Marítimo Anaga para que lleve a cabo la obra, en la que la empresa invertiría más de 53 millones que luego recuperaría con la explotación de la marina.

Los problemas comienzan al descubrirse que el socio financiero de esta entidad era la empresa Grupo Unido del Fórum Filatélico, compañía investigada por estafa. Precisamente, el constructor de origen palmero José Ana Pérez Labajos, considerado como testaferro en el caso Fórum Filatélico, ha sido condenado a pagar medio millón de euros a Hacienda por la venta de derechos en Valle Tahodio.

Muchos vecinos se opusieron a que se construyera una marina en el frente marítimo del pueblo. Los ciudadanos recogieron firmas y presentaron numerosas alegaciones, por lo que la Autoridad Portuaria presentó una modificación del proyecto original para evitar que el dique de abrigo invadiera el frente costero de San Andrés. La entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente decidió en junio de 2007 someter dicha modificación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, a petición de la propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz, dicha dirección general resolvió la terminación del procedimiento y el archivo del expediente.

En 2011, el Puerto dio a conocer su intención de redactar el estudio de impacto ambiental del proyecto de modificación de la marina. Solicitó que se iniciara un nuevo procedimiento y la conservación de algunas actuaciones ya realizadas. En la declaración de impacto ambiental se indica que el promotor del proyecto es la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y que el objetivo del mismo es llevar a cabo las obras necesarias en San Andrés para incrementar el volumen de actividades de tipo lúdico relacionadas con actividades náuticas-deportivas, turísticas y de ocio.