5.1. Garantizar financiación suficiente y a coste adecuado para empresas y familias.

5.1.1. Sistema Financiero

-Puesta en claro cuando antes de la situación patrimonial real del sector financiero y particularmente la de las entidades que han recibido cualquier tipo de ayuda.

-Establecimiento de un régimen de buenas prácticas y de ética bancaria.

-Reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial.-Creación de banca pública y bancos ciudadanos de interés público sujetos a condiciones estrictas que garanticen su sometimiento al anterior principio y al control ciudadano para evitar la corrupción que se ha generalizado en los últimos años.

-Mejorar el funcionamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los préstamos que recibe del Banco Central Europeo se produzcan en las mismas condiciones que la banca privada, y pueda así asegurar que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que lo necesitan con tanta urgencia.

-Utilización estratégica de los depósitos y liquidez de las administraciones públicas como instrumento para consolidar la creación y funcionamiento de este nuevo tipo de banca pública y ciudadana.

-Puesta en marcha de nuevas formas de intermediación financiera para solventar las limitaciones que supone el modelo dominante de banca global.

-Estudio de la posibilidad de creación un banco ciudadano de depósitos.

-Promover la más amplia discusión posible a nivel nacional e internacional sobre la necesidad de una reforma profunda del sistema bancario.

5.1.2. Política fiscal en el sector financiero

-Aplicación de una tasa reducida sobre todo tipo de transacciones financieras.

-Aplicación de una tasa sobre las operaciones de compra y venta en el mercado bursátil progresiva en función del tiempo de realización para gravar esencialmente a las de mayor componente especulativo (por ejemplo, las que se realizan en plazos de horas).

5.1.3. Política europea

Los cambios a los que se debe aspirar y que deben plantearse en el marco de una búsqueda constante de aliados son, al menos y con carácter más inmediato, los siguientes:

-Modificación de los estatutos del Banco Central Europeo para que entre sus fines se encuentre el pleno empleo y puedan colaborar con los gobiernos en la consecución de mayor bienestar, sostenibilidad y bienestar social.

-Modificación de las normas que impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos sin perjuicio de establecer condiciones en que pueda hacerlo para evitar tensiones negativas, inflacionistas o de cualquier otro tipo, sobre las economías.

-Creación de mecanismos que garanticen la mancomunidad de la deuda y la supervisión efectiva del sistema financiero a escala europea.

-Flexibilización del Pacto de Estabilidad.

-Democratización del BCE haciéndolo responsable ante el Parlamento Europeo, que debería ser quien nombrase a sus miembros.12

-Incremento del presupuesto de la Unión que además debería ser aprobado en el Parlamento.

-Coordinación de las políticas fiscales con el objetivo de avanzar hacia una auténtica Hacienda Europea y de las políticas económicas para poder lograr pleno empleo a nivel europeo.

-Desarrollar legislación para facilitar la negociación colectiva a escala europea.

-Garantizar derechos sociales y laborales como condición de aceptación y permanencia en la Unión Europea.

-Puesta en marcha un amplio plan de reformas legales e institucionales e inversiones orientadas a reforzar y expandir los derechos laborales, sociales, cívicos y políticos en la Unión Europea.

5.2. Generar demanda efectiva e ingresos para poder crear empleo suficiente y decente

Alcanzar el pleno empleo debe ser objetivo prioritario del gobierno de Podemos tanto a través del estímulo al sector privado como, cuando ello no sea suficiente, mediante la creación de empleo por parte del Estado corrigiendo el enorme déficit de infraestructura social del país a través de la expansión de los servicios públicos del Estado de Bienestar, hoy claramente subfinanciados en España.

Para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo que reconoce nuestra Constitución (hasta ahora solo de forma retórica) es preciso crear más empleo e ingresos aumentando la actividad y el gasto de las familias (consumo), de las empresas (inversión), del sector público o el del exterior en nuestra economía (exportaciones). Para ello se propone actuar en las siguientes direcciones.

5.2.1. Aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo y abriendo nuevos yacimientos de inversión sostenible.

Para reactivar el consumo es imprescindible que, en lugar de seguir bajando, aumente el porcentaje de los salarios en la renta nacional y, sobre todo, el de las más bajas que son las que en mayor proporción se destinan al consumo.

-Incremento del salario mínimo y establecimiento de máximos en la diferencia entre los salarios más elevados y el salario medio en las empresas, que en España es actualmente de 127 a uno.

-Derogación de la reforma laboral que no ha servido para crear empleo sino solo para aumentar la desigualdad desequilibrando las relaciones laborales a favor de la gran patronal.

-Reformas en el sistema de pensiones públicas, tanto en relación con los ingresos como lo gastos: incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales o financiación por medio de impuestos mientras dure la crisis; revisión de las bases mínimas y máximas de cotización para garantizar que el sistema sea progresivo; aumento de la cotización en regímenes especiales y cotización por ingresos reales en el caso de autónomos y por cuenta propia; eliminación de todos los tipos de discriminación de género y de edad que perviven en el sistema; revisión de la naturaleza de los ERE para evitar que sigan siendo una sobrecarga espuria del sistema de seguridad social.

Y, por otro lado, equiparación de las Pensiones No Contributivas con el mínimo de las Pensiones Contributivas de Jubilación, derogación de las últimas reformas del sistema de pensiones, consideración de la jubilación como un derecho restableciendo la edad legal de jubilación a los 65 años con carácter general pero flexibilizando dicho criterio en función de la naturaleza del trabajo realizado, y anulación de los recortes en el sistema de cálculo de la pensión.

-Ley de las 35 horas de jornada semanal máxima con cómputo semanal y eliminación de los actuales incentivos a las horas extraordinarias y a jornadas largas que son un freno a la productividad y a la corresponsabilidad.

-Eliminación de los incentivos a la contratación a tiempo parcial no voluntario y evitar la feminización de los contratos a tiempo parcial.

-Eliminación de sobrecargas procedentes de precios de monopolio en sectores como la electricidad, energía, telecomunicaciones, financiero y otros servicios básicos.

-Disminución de la carga hipotecaria de las familias. Creación de una institución de conciliación en la que deudores, acreedores y administración establezcan condiciones para la moratoria, reestructuración o quita de la deuda familiar en condiciones que proporcionen la mayor estabilidad posible al sistema y restituya el daño recibido por las familias en años anteriores.

-Fomento de formas de consumo alternativas encaminadas a promover el reciclaje, la reparación y reutilización, la oferta de bienes y servicios compartidos y de procedencia local, la eficiencia energética en el hogar, el transporte colectivo y, en general, orientadas a valor de otro modo lo útil y lo inútil.

5.2.2. Políticas de igualdad como impulso del consumo sostenible y como inversión social

-Establecimiento del objetivo de universalización del derecho a la educación infantil pública desde los cero años.

-Establecimiento del objetivo de la cobertura universal de las necesidades de atención a las personas dependientes por parte de los servicios públicos.

-Reconocimiento de permisos por nacimiento y/o adopción a cada progenitor o progenitora con carácter intransferible, de igual duración, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%, estableciendo las medidas transitorias necesarias para aumentar progresivamente el permiso de los padres (o del ‘otro progenitor’) hasta llegar en un plazo razonable a la igualdad, empezando por establecer de inmediato las seis semanas obligatorias para los padres, que es la parte obligatoria que ya tienen las madres.

-Eliminación de los incentivos a que las mujeres permanezcan en situación de dependencia económica, en la economía sumergida o abocadas a recurrir a contratos a tiempo parcial.

5.2.3. Aumento de la inversión empresarial sostenible

-Tratamiento favorable al beneficio productivo, que penaliza la no reinversión de los beneficios e incentive su inversión en nuevas actividades productivas.

-Reformas administrativas que eliminen al máximo de lo posible los costes innecesarios que produce el mal funcionamiento de la administración.

-Reducción de los costes que imponen a las empresas productivas las que operan en servicios básicos de nula o muy baja competencia, especialmente en el caso de la energía y las finanzas.

-Reorientación de la política de urbanización y vivienda abriendo nuevos yacimientos de rentabilidad y empleo en actividades como la rehabilitación de viviendas, la mejora de su rendimiento energético, la promoción de viviendas de alquiler o tuteladas para personas mayores o dependientes, el urbanismo de cercanía y cuidados o el reverdecimiento de nuestros espacios públicos.

-Apuesta decidida por nuevos tipos de producción y consumo de recursos energéticos en la línea que se está imponiendo en los países más avanzados de nuestro entorno, como Alemania.

-Modificar la naturaleza y la actuación del banco malo SAREB.

-Estrategia global de sostenibilidad para la economía española con medidas concretas y transversales como eje vertebrador de la reactivación económica con el y apoyo público que sea necesario, no solo en inversión directa, que puede financiarse mediante recursos procedentes de la reforma fiscal y de la imprescindible revisión de la política actual de grandes obras e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE’s, etc.).

-Creación de una comisión plural y de la máxima solvencia técnica que elabora una evaluación de la política de grandes inversiones en infraestructuras que en los últimos años ha sido la fuente principal de corrupción y de gastos de mantenimiento desorbitados y sin apenas rendimiento social. Moratoria de este tipo de obras e inversiones.

-Promoción y puesta en marcha de un subsector financiero especializado en elcrédito al emprendimiento y apertura de nuevos yacimientos de inversión.

-Puesta en marcha de nuevas redes de comercialización vinculadas a la producción autóctona y la producción local y de pequeña escala vinculada a nuevas formas de consumo. Exploración de fórmulas que ya existen en otros países europeos o en pequeña escala en el nuestro de la mano de organizaciones no gubernamentales, destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población con dificultades de acceso a la oferta actual de los mercados: creación de centrales de compras participadas por el sector público, tanto estatal como autonómico o local y organizaciones del tercer sector.

-Política estatal frente a la gran empresa para que se respeten normas elementales de responsabilidad y competencia y no imponga su poder de mercado al tejido empresarial que realmente es el que crea más empleo y cohesión social.

5.2.4. Mejorar la gestión pública y aumentar los ingresos del Estado

-Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal.

-Creación de una Oficina Nacional Antifraude independiente del poder político, modificación de la legislación penal y procesal y aumento de los medios materiales y humanos hasta alcanzar con carácter urgente, al menos, la media de los cuatro o cinco países europeos con una lucha contra el fraude más eficaz.

-Plan de mejora la administración tributaria evitando su control político, dotándolade más medios materiales y de personal y agilizando la recaudación.

-Reforma fiscal que acabe con los vicios tradicionales del sistema (elusión, opacidad, contradicciones territoriales, gastos fiscales excesivos y que privilegian a diferentes categorías de rentas, falta de neutralidad de la imposición sobre el ahorro o las rentas empresariales, complejidad...) y proporcione contenido concreto a los grandes cambios que vienen reclamando las personas expertas no vinculadas a intereses de grandes empresas: mejora del IRPF para convertirlo en un impuesto extensivo que someta a una sola tarifa todos los tipos de rentas, eliminación de los sistema de estimación objetiva de las actividades económicas, aumento de sus tramos, eliminación de desgravaciones y deducciones que no sean de origen personalizado (entre otras la desgravación por tributación conjunta de los matrimonios) y que no penalice a las rentas salariales, entre otras cuestiones.

-Recuperar la imposición sobre el patrimonio y recuperar para la administración central la imposición sobre la riqueza, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan modularla en sus territorios aunque evitando los escalones, la inequidad y las ineficiencias actualmente existentes.

-Hacer efectivos los tipos en el impuesto de sociedades.

-Modificación de impuestos ya existentes y creación de otros nuevos en la hacienda del Estado y muy especialmente en la hacienda local en la línea de las propuestas sobre Fiscalidad Ambiental que han realizado en diversas ocasiones organizaciones progresistas y ecologistas.

-Plan inmediato de ahorro público que detecte y permita evitar todo tipo de gasto innecesario.

-La provisión privada de servicios del Estado de bienestar (educación, sanidad...) que esté financiada con fondos públicos debe estar regulada para garantizar que se lleve a cabo en función de criterios de interés público, equidad, transparencia y calidad y su propia existencia debe ser subordinada y complementaria con el sistema público.

-Reforma de la función pública que la haga ágil, compleja, versátil y flexible para conseguir que los medios personales y materiales del sector público se puedan disponer con la mayor prontitud, aunque sin daño para los derechos sociales y laborales, allí donde sean más necesarios.

- Rediseño del sistema de suministros, contratos y concursos para evitar la corrupción y garantizar la máxima eficacia y transparencia con el menor coste posible para los ciudadanos.

-Es necesario alcanzar un gran pacto entre las diferentes nacionalidades y comunidades que reconozca su singularidad y diversidad como elemento constitutivo de un nuevo equilibrio basado en la cooperación y en la corresponsabilidad ciudadana.

-Desarrollo de la hacienda local como un pilar fundamental de la del Estado, junto a la central y la autonómica, reordenando sus competencias y dotando a los ayuntamientos de los recursos necesarios para ejercerlas aunque mejorando al mismo tiempo los mecanismos de control presupuestario y participación ciudadana, optimizando su tamaño y reformulando su vinculación con el resto de administraciones para evitar los problemas de ineficacia y endeudamiento insostenible de los últimos años.

-Propuesta de eliminación de la reforma del artículo 135 de la Constitución.

-Creación de un organismo independiente que actúe como Defensor de las generaciones futuras con capacidad para impedir que las decisiones económicas actuales se adopten sin contemplar su efecto sobre la vida futura en nuestro planeta o sobre el bienestar y la felicidad de la población futura.

5.2.5. Aumentar la competitividad sin empobrecernos: cambios estructurales para generar otra demanda externa.

-Mejora de los sistemas y las redes que fomentan la creación, la investigación y la puesta en marcha de nuevos procesos productivos dentro de la empresas y en su entorno. Hay que acabar con los recortes en ciencia y tecnología que se han producido.

-Es imprescindible reforzar el sistema educativo en todos sus niveles y férreos sistemas de control y seguimiento del sistema de formación en el seno de las empresas.

-Hay que modificar la pauta de reparto del tiempo de trabajo remunerado, imponiendo jornadas más reducidas que permitan contratar a más personas y que todas las personas dispongan de más tiempo libre, pero también norma la reparto del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados porque su desigual reparto es la fuente principal de la discriminación que sufren las mujeres y uno de los mayores impedimentos para avanzar en igualdad.

-Democratización de las empresas con participación en los centros de decisión empresarial de sus empleados y trabajadores mediante sistemas de cogestión que han mostrado su superior eficacia y eficiencia gestora sobre las empresas sin tal tipo de participación. Fomento de la creación y promoción de empresas de propiedad colectiva como las cooperativas, propiedad de los trabajadores, que han mostrado su gran competitividad y mejor adaptación a los ciclos económicos.

5.2.6 Dimensión europea de la reactivación económica.

Las políticas de recorte que ha impulsado la Unión Europea han sido un completo austericidio que en lugar de apoyar la recuperación y la creación de ingreso y empleo han provocado sucesivas recesiones e incluso aumento de la deuda.

-Es fundamental plantear en primer término la lucha contra estas políticas europeas equivocadas que solo benefician a las grandes corporaciones.

-Es necesario apostar y encontrar aliados para conseguir medidas como el establecimiento de un salario mínimo europeo, la coordinación y homogeneización de las políticas fiscales, la supresión de los paraísos fiscales para establecer un combate continental contra el fraude y la elusión fiscal y la utilización del Banco Europeo de Inversiones como fuente de un amplio plan de inversiones y estímulo en Europa.

5.3. Hacer sostenible la deuda

-Es urgente la puesta en marcha de una estrategia orientada a reestructurar y aliviar la deuda familiar, en particular la hipotecaria, una medida que hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado en países como España.

-Es preciso plantear en Europa que la reestructuración de las deudas, especialmente de los países de la periferia, no es una propuesta caprichosa sino el resultado de una estrategia cooperativa que resulta mucho más favorable que la impuesta hasta ahora y que puede terminar con una crisis mucho más grave y generalizada.

-España debe prepararse para una coyuntura europea de este tipo que sin lugar a dudas va a darse en los próximos años y tratar de llegar a ella con firmeza, inteligencia colectiva y decisión a la hora de poder defender los intereses nacionales en aspectos como la renegociación de tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización o condiciones de quitas parciales que van a tener que plantearse.

-Una de las prevenciones más importantes que debe tener Podemos es la de garantizar la mayor estabilidad política generando la máxima certidumbre y confianza en la gestión que llevaría a cabo. Pero, también por esa misma razón, es imprescindible que la sociedad española conozca a la perfección los orígenes del problema de la deuda, las condiciones en que se ha resuelto en otros momentos históricos y países y, sobre todo, que sea consciente de los costes y sacrificios que quedan por delante como consecuencia de las políticas que se han venido realizando en los últimos años o de decisiones anteriores no suficientemente meditadas y debatidas, como la entrada en el euro o la aceptación del Tratado de Maastricht y otros sucesivos y de los que nació una buena puerta de la deuda actual y nuestra casi nula capacidad de maniobra frente a ella.

5.4. Rescatar a las personas y garantizar el bienestar y la calidad de vida de toda la población

Es imprescindible evitar cuanto antes la deriva que están produciendo la políticas actuales hacia un desastre social sin precedentes en nuestra historia democrática.

-Debería articularse un gran Pacto estatal contra la pobreza y la exclusión social orientado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de contenidos económicos básicos y los que recoge la Constitución, a establecer un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de todas las personas, a erradicar la pobreza infantil, la excusión residencial y la vulnerabilidad extrema provocada por razones administrativas. Y que al mismo tiempo se plantease objetivos realistas y compromisos efectivos para disponer de los medios adecuados que permitan en un plazo razonable disminuir los principales factores que están provocando la pobreza extrema y la exclusión: el número de trabajadores pobres, la pobreza de hogares encabezados por mujeres sin participación ni tiempo para hacerlo en el mercado de trabajo, el paro juvenil, el abandono escolar, las desigualdades en salud y la generación de espacios urbanos de exclusión y abandono.

En el marco de ese Pacto se debería tratar de que se adoptaran medidas como las siguientes.

-Reconocimiento en la Constitución del Derecho a la Alimentación como derecho humano universal.

-Puesta en marcha de planes de urgencia destinados a proporcionar ingresos mínimos de subsistencia a familias y personas en exclusión o en riesgo de estarlo por encontrarse en paro o en situación de grave precariedad laboral.

-Elaboración de un plan cuatrienal de protección social con recursos que nos acerquen progresivamente a la media europea orientado principalmente a garantizar el ingreso mínimo de todas las personas que incentiven la participación laboral y que eviten cualquier tipo de discriminación de género, y el disfrute en condiciones de igualdad de todas las personas al sistema de servicios sociales y mínimos de cobertura comunes en todas las comunidades autónomas.

-Inclusión de las personas empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Estatuto de los Trabajadores.

-Protección especial a la infancia mediante prestaciones universales por criatura y otras medidas preventivas de la pobreza infantil, como gratuidad de los servicios de comedores escolares

-Elaboración de una ley de Vivienda que garantice el ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de ella y que consagre una nueva estrategia estatal en este campo basada en la plena ocupación y optimización del parque de viviendas existente, en la promoción de recursos residenciales y viviendas sociales destinados a grupos y colectivos en situación de especial dependencia o riesgo de exclusión y que, por supuesto, modifique la legislación actual en materia de responsabilidad personal en la adquisición de vivienda para evitar inmediatamente que sigan produciéndose los desahucios y las situaciones de injusticia flagrante que se están viviendo.

-Plan programado de actuación para el desarrollo y aplicación definitiva del sistema de dependencia en condiciones que supongan una autentica inversión social y una promoción efectiva de la igualdad de género para evitar que se convierta en una secuela mal pagada del trabajo de cuidados encomendado a las mujeres.

-Elaboración de un plan singular de seguimiento de las desigualdades en salud y de un plan de actuación para combatirlas.

-Como parte de una estrategia global en estos ámbitos es imprescindible rediseñar el tipo de relaciones entre el Estado y las organizaciones del tercer sector para lograr que se incardinen en un sistema complejo de intervención social que vaya más allá del mero asistencialismo.

Este pacto social debía tomar lugar dentro de otro pacto (sobre cuya base se estableció en Europa el Estado del Bienestar) que garantice la universalización de los derechos económicos, laborales, políticos y sociales de los distintos pueblos y naciones de España. Estos derechos enunciados por la declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada en 1948 por todas las naciones que derrotaron al fascismo y al nazismo en la II Guerra Mundial exige a todos los firmantes de tal declaración que se cumplan tales derechos y así consta retóricamente en las constituciones de tales países aunque no siempre respetados como es el caso claro del Estado español.

Los derechos políticos y sociales incluyen el derecho de decidir y participar en la gobernanza del país y el derecho de organizarse con libre expresión en una pluralidad de los medios sumamente limitada en España. Precisamente, una de las causas de la insuficiencia democrática tanto en su dimensión organizativa como mediática determina la enorme limitación de los derechos económicos y laborales también proclamados retóricamente en tales constituciones.

Hoy en España estos derechos nunca fueron tomados en serio por el establishment financiero, económico, mediático y político del país, habiéndose deteriorado todavía más en la crisis actual. Y todo ello como consecuencia del escaso desarrollo de los derechos políticos y sociales.

La democracia tan limitada que ha existido en España desde la transición de 1978 generó una gran pobreza de derechos económicos, laborales y sociales, con un escasísimo Estado de Bienestar como demuestra una evidencia robusta y abrumadora.

El escaso desarrollo de estos derechos ha debilitado enormemente a las clases populares en su enfrentamiento con estos establishments y por ello es necesario y urgente que se trascienda la primera transición para pasar a una nueva en la que el primer objetivo de toda política económica sea el bienestar y la calidad de vida de la gran mayoría de la población, principio opuesto al que se ha estado aplicando en las políticas públicas que se han llevado a cabo en los últimos años por los partidos gobernantes, que han favorecido sistemáticamente a una minoría a costa de la gran mayoría de los pueblos y naciones de España, creando tensiones entre ellas para ocultar el tema esencial, que es el gran deterioro de la calidad de vida y del bienestar social de la ciudadanía en España.

Un primer objetivo del gobierno de Podemos debe ser el anteponer el bienestar, la calidad de vida y la búsqueda de la felicidad como su primer objetivo en la gobernanza del país garantizando para ello los derechos económicos, civiles, laborales y sociales como condición de la plena realización de los derechos políticos pues los unos sin los otros no pueden realizarse.

Los segundos deben ser plenamente desarrollados para que los primeros puedan alcanzarse, lo cual nos lleva a una última consideración que planteamos en el siguiente apartado.