El accidente del “Villa de Pitanxo” y el Estado de Derecho
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- Published on Thursday, 26 February 2026 08:30
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AEMC
Si los funcionarios públicos que, presuntamente, han actuado de forma irregular en las reformas, expedición de certificaos, enroles de tripulantes, en los controles eficaces sobre el COBID 19, revisión de balsas, homologación y calidad de los cursos de reciclaje, trajes de supervivencia, pruebas reglamentarias, procedimientos correctos en las pruebas de estabilidad reglamentarias, equipos personales de seguridad (chalecos, trajes), despachos irregulares, falta de celo en la recopilación y custodia de pruebas, cantidad, peso y estiba de aparejos, jornadas de trabajo, y otras cuestiones de semejante naturaleza contempladas en las normas entonces vigentes. Si no son investigados como corresponde, la seguridad de la Vida Humana en la Mar seguirá huérfana de la acción de la Justicia. El funcionario público tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley.
La impunidad es la falta de castigo o la imposibilidad de sancionar a los autores de delitos y violaciones de derechos humanos, escapando a investigaciones, detenciones o juicios. Significa que las acciones delictivas no tienen consecuencias, lo que debilita el estado de derecho, viola derechos humanos y daña la confianza en la justicia.
- Impunidad: es la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal, civil o administrativa por un acto punible.
LA CIAIM (Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos) tampoco de gozar de impunidad. Sus miembros deben de acreditar la formación superior en navegación, operación, y experiencia profesional para actuar como expertos, como investigadores. Los ingenieros navales no son expertos en navegación.
La misión principal de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) en España es investigar los accidentes e incidentes marítimos con el objetivo primordial de mejorar la seguridad marítima y prevenir la contaminación por buques, reduciendo el riesgo de futuros siniestros.
Si las investigaciones son realizadas por personas carentes de experiencia en el mando de buques, o cuando corresponda por expertos como jefes de máquinas o como expertos en comunicaciones marítimas o son incompletas, sus informes deben de ser cuestionados o e incluso rechazados.
El accidente del “Villa de Pitanxo” afecta no solo a los familiares de las víctimas, sino a al sector pesquero cuyos índices de siniestralidad deben de ser atados con todos los recursos propios de un auténtico Estado de Derecho.