Los pescadores canarios advierten de que la pesca ilegal en el Archipiélago "es preocupante" y piden más control para acabar con ella o, al menos, minimizarla. Los controles de esta práctica furtiva dependen de distintas administraciones en función de si se lleva a cabo en aguas canarias o nacionales. Por parte del Gobierno regional, varias consejerías colaboran para mantener a raya este tipo de captura, ya que no solo daña la economía de los pescadores legales, sino que puede afectar a la salud pública.

Sobre este último aspecto, el gerente de la organización de productores de túnidos y pesca fresca de Tenerife Islatuna, Pedro Jiménez, explica que muchos pescadores furtivos venden sus piezas directamente a los restaurantes, sin pasar por los primeros puntos de venta establecidos donde se lleva un control de los pescados que luego se destinan al consumo.

"Nosotros, por ejemplo, tenemos un listado de especies que tenemos que analizar obligatoriamente para asegurarnos de que no van a producir intoxicaciones a los consumidores", informa Jiménez. Los peces a los que se refiere son los que pueden contener una toxina que provoca intoxicación por ciguatera.

Además, estos primeros puntos de venta están obligados a elaborar la trazabilidad del pescado que se captura, es decir una identificación completa de las especies, que incluye su origen, su ubicación y la trayectoria que ha llevado a largo de la cadena de suministros.

Sin embargo, todos estos trámites no se cumplen cuando se trata de la venta de pescado capturado de forma ilegal, vulnerando los derechos de los consumidores a saber qué están comiendo.

El cuidado de los recursos Manolo Díaz Marcelino, presidente de la Federación de Cofradías de Tenerife y patrón de la Cofradía de Los Cristianos, añade otro elemento a tener en cuenta en la pesca ilegal: "El cuidado de los recursos del mar y su desarrollo sostenible". Explica que la pesca incontrolada perjudica la reserva de especies y, por lo tanto, el ciclo de vida de los peces se interrumpe de forma indebida.

"Hay 33.000 licencias para pesca deportiva, pesca que no se puede vender pero que muchas veces se vende", se queja. Además subraya que en este tipo de captura las piezas no se guardan en hielo, "por lo que pasan horas en un barco sin el tratamiento adecuado". Díaz cree que las administraciones hacen lo que pueden con los recursos que tienen, "ya que esta isla es muy grande y para controlar la pesca ilegal haría falta mucho personal".

El sector entiende que haya gente que practique la pesca furtiva para consumo propio debido a la crisis económica, pero no la competencia desleal de otras personas que, teniendo trabajos que nada tienen que ver con la pesca, comercialicen capturas directamente con los restaurantes para cobrar dinero en negro. A nivel internacional, la Unión Europea (UE) ha realizado desde el año 2010 un total de 230 controles para luchar contra la pesca ilegal en todos los Estados miembros, y desembolsó 185,2 millones de euros en tecnología, además de equipar 12.000 barcos para esta labor de control.

Bajo el lema ¿Pescado ilegal? No, gracias, la UE ha informado sobre todos los trabajos llevados a cabo desde 2010, año en el que María Damanaki se convirtió en comisaria de Pesca.

"Hace cuatro años la Unión Europea decidió emprender la guerra contra la pesca ilegal en casa y en el extranjero. En casa, armonizaba las normas, inspecciones y sanciones. Para el resto del mundo cerró su propio mercado para pescado de dudosa procedencia y advirtió de posibles represalias económicas a aquellas naciones que hacen la vista gorda a las prácticas ilícitas en el mar", indica en el texto.

De esta forma, las irregularidades detectadas, y que entre otras cosas significaron la rebaja de 65.000 toneladas de cuota de caballa en marzo de 2013 para España, llegaron a través de 230 controles en los Estados miembros.

El coste total de la tecnología empleada para realizar estos controles ascendió a 185,2 millones de euros, además de contar con 12.000 barcos equipados. Estos gastos se dividen entre sistemas de seguimiento de buques o VMS (16 millones de euros); registros electrónicos y sistemas de notificación o ERS (21,3 millones de euros); nuevas tecnologías y redes informáticas (108 millones de euros); equipar los barcos con ERS (33 millones de euros); varios proyectos piloto (1,5 millones de euros); gastos de formación e iniciativas para aumentar la concienciación de la nueva Política Pesquera Común (1,7 millones de euros) y buques y aeronaves de vigilancia (3,7 millones de euros).

A partir de este año la UE pondrá a disposición de los Estados miembros alrededor de 150 millones de euros que irán destinados a adquirir nuevas embarcaciones patrulla o aeronaves, así como para capacitar a más personal que se encargue de que se actúe bajo la legalidad pesquera.

Con otros 480 millones de euros, el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca apoyará también las operaciones actuales y financiará innovadoras técnicas como el análisis de ADN para establecer la cadena y el punto de origen exacto de un lote que contenga pesca ilegal. Además, y de forma paralela a todo esto, las nuevas normas contra el despilfarro y la sobrepesca se pusieron en marcha el pasado 1 de enero de 2014, día en que entró en vigor la reforma de la política pesquera común.

"De este modo el proceso de garantizar un uso racional y responsable de los recursos pesqueros por parte de todos será completa", indica la publicación de la Unión Europea. "Ahora que la reforma de la Política Pesquera Común está en marcha", indicó la comisaria Damanaki, "mi prioridad es volver al control de la pesca y la vigilancia".