El Gobierno cambia el rumbo y abre la posibilidad de ayudar a la Motril-Melilla

 

 

 

El Gobierno cambia el rumbo y abre la posibilidad de ayudar a la Motril-Melilla

Motril seguirá peleando por mantener la línea marítima con Melilla.Motril seguirá peleando por mantener la línea marítima con Melilla. / JAVIER MARTÍN

  • Tras meses negando de forma rotunda el apoyo económico, la ministra se compromete a buscar alternativas para la continuidad del ferry

 El ‘no’ fue tan rotundo que a la alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, se le agrió el recorrido por el tramo de la A-7 que avanza entre La Gorgoracha y Puntalón. La pregunta la formuló este periódico (en una visita a finales de octubre) y una tajante ministra de Fomento contestó diciendo –con un lenguaje enrevesado– que no se ayudaría económicamente a la línea entre Motril y Melilla porque no le correspondía. Era solo un batacazo más dentro de una pelea por salvar la conexión marítima melillense, que se inició ante la primera amenaza de subvenciones millonarias a las líneas vecinas de Málaga y Almería hace ya un año.

En octubre de 2013, el Gobierno central anunció ayudas a las líneas competidoras, porque son de interés general, y ni un céntimo para la conexión motrileña alegando que no necesitaba apoyo económico porque «funciona bien». A raíz de esto, el tejido económico y social, el puerto y el Ayuntamiento de Motril a la cabeza se rebelaron contra esta decisión que el ministerio de Fomento ha estado aplazando hasta ahora, que parece que llega el concurso definitivo al que las navieras vecinas sí querrán acogerse.

La última bala de la alcaldesa de Motril, que le ha plantado cara al Gobierno pese a ser de su mismo signo político, fue una carta a la ministra Ana Pastor pidiéndole una reunión para tratar el tema de la línea con el último y definitivo concurso de ayudas sobre la mesa.

Aunque ha habido que esperar un poco, la respuesta ha llegado en forma de misiva y con un mensaje, por primera vez, positivo para la línea marítima entre Motril y Melilla. Pastor dice en su carta que el ministerio tiene previsto licitar un nuevo contrato para garantizar la conectividad entre la península y la Ciudad Autónoma y hace diferencia entre las conexiones de Málaga y Almería, que son de «interés de servicio público» y la de Motril «que se ofrece en condiciones de libre mercado desde el año 2011» conviviendo con las líneas vecinas que tienen otras condiciones.

Lo Más

Así, la ministra de Fomento dice que «entiende» la preocupación de Motril por su línea marítima y que por eso están abiertos «a analizar las opciones que resulten viables para tratar de hacer sostenible, en el marco jurídico y presupuestario actual, la continuidad de la línea Motril-Melilla». Se trata de la primera propuesta del Gobierno a colaborar con la conexión motrileña más allá del ‘observatorio’ que había ofrecido para vigilar si la línea iba bien o pinchaba.

«Antes estaban cerrados en banda y ahora abiertos a analizar la situación, a negociar otras vías. Es un paso más y estamos muy contentos», valoró ayer la alcaldesa de Motril, que señaló que una buena oportunidad para presentar propuestas será la reunión con el director de la Marina Mercante que tendrán en Madrid el 17 de diciembre.

Hasta el final

«Hemos planteado un plan B, como es subvenciones para el billete, para que la línea reciba ayudas del Gobierno como sus competidoras. Lo que tengo clarísimo es que la línea se queda sí o sí, que no vamos a permitir perderla y que vamos a llegar hasta el final, como siempre he dicho», resaltó Luisa García Chamorro.

En la carta que la Plataforma en defensa de la línea remitió al Ministerio de Fomento el pasado mes de octubre, los agentes implicados solicitaban que pese a que la conexión motrileña no figura como línea de interés general según el Real Decreto 1516/2007 de 16 de noviembre, sí que puede acogerse a las ayudas estatales en esta materia aplicando el artículo 260 del Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

Dicho texto establece que el Gobierno podrá implantar obligaciones generales de servicio público en los servicios regulares de navegación interior y cabotaje en los casos en que las empresas operadoras no los prestarían, si tuviesen en cuenta su propio interés comercial y que resulten necesarios para asegurar el servicio de transporte entre distintas localidades o bien para garantizar esta prestación en condiciones aceptables, pudiendo dar derecho a compensaciones económicas por parte de la Administración.