La elección y el desarrollo de nuevas tecnologías en el transporte marítimo no son casualidad. Llega en un momento clave para el sector, justo después de que la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), dependiente de la ONU, alcanzara un acuerdo histórico en Londres: a partir de 2028, todos los barcos con más de 5.000 toneladas brutas deberán pagar una tasa de 100 dólares por tonelada de CO2 y otros gases de efecto invernadero emitidos, si superan un límite previamente establecido. El objetivo es ambicioso: recaudar aproximadamente 10.000 millones de euros al año para crear un fondo destinado a la descarbonización marítima.

La medida supone la primera tasa global obligatoria para las emisiones del sector y será de obligado cumplimiento incluso para países que se opusieron al acuerdo, como Estados Unidos, una vez ratificada en octubre e incluida en el tratado internacional Marpol. La decisión llega tras intensas negociaciones, en las que algunos países, como China y Brasil, bloquearon propuestas más estrictas, y otros, especialmente pequeñas naciones insulares amenazadas por el cambio climático, consideraron insuficiente el resultado final. El compromiso, sin embargo, fue celebrado ampliamente en Europa, pues permite avanzar en una regulación global y no sólo regional o nacional.