Una vez más expuesta la presidenta del puerto de Las Palmas, Beatriz Calzada (CC), por falta de apoyo aéreo de la dirección de la entidad.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, lanzó este miércoles un duro reproche a la gestión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a cuenta del descontrol administrativo y la falta de transparencia que rodea a su Fundación Puertos de Las Palmas y a la gestión de los recursos humanos de la institución. Durante un foro industrial celebrado en la capital grancanaria, Santana reclamó medidas urgentes a Calzada tras revelarse los resultados de la auditoría estatal que saca a la luz graves deficiencias de control. El requerimiento del supervisor nacional cuestiona el modelo de gobernanza del principal puerto del archipiélago canario.

Vacíos organizativos en una estructura estéril

La polémica por la gestión de la fundación debilita las aspiraciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de ascender al Grupo 1, la máxima categoría del sistema portuario estatal que determina el Ministerio de Hacienda para Algeciras, Barcelona, Valencia y Bilbao. El puerto grancanario fundamenta su reclamación en sus cifras de negocio, su alta rentabilidad y su liderazgo en servicios de suministro de combustible y reparación naval en el Atlántico medio.

Santana reconoció que la petición canaria es «una propuesta legítima», pero descartó que la pertenencia al Grupo 1 suponga una ventaja competitiva real o garantice una mayor llegada de inversión pública. El grupo al que se adscribe un puerto no implica «afección» alguna en la captación de infraestructuras o en la posibilidad de «recibir más o menos fondos europeos, o con estrategias de competencia respecto a la fijación de tasas o bonificaciones».

La clasificación en el Grupo 1 afecta «única y exclusivamente a la estructura de recursos humanos» de la entidad. Hacienda mantiene bloqueada cualquier ampliación de la plantilla directiva del puerto de Las Palmas debido a que la institución canaria no es capaz de cubrir sus propias vacantes autorizadas de alta responsabilidad. De las 31 plazas fuera de convenio asignadas a Las Palmas para su gestión de personal, actualmente solo se encuentran cubiertas 18. El supervisor nacional fijó el cumplimiento de las vacantes de personal directivo como peaje obligatorio ante cualquier negociación futura con Madrid: «lo primero que pedirá Hacienda, y también Puertos del Estado, es que se cubra la estructura asignada para poder crecer después en las peticiones de más estructuras«.

Más de la Fundación o la inercia burocrática como forma de existencia

Santana recordó que el conflicto de control financiero se remonta a la pasada década. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «lanzó una orden para la reestructuración y la simplificación del sector público empresarial y fundacional estatal». Trece años después de aquella directriz de racionalización, la Fundación de Las Palmas continúa operando sin haber resuelto su encaje legal. El propio consejo de administración de la fundación portuaria acordó estudiar su disolución en 2015, un mandato que ha quedado postergado de forma sistemática por las sucesivas direcciones locales.

Recordó que la presión sobre la Autoridad Portuaria de Las Palmas aumentó tras la intervención directa de la Intervención General. El órgano de control del Estado solicitó de manera formal que la fundación «perdiera su condición de pública o se liquidara» debido a los reiterados fallos en el reporte de su información contable. La falta de datos obligó a Puertos del Estado a ordenar una auditoría urgente dentro del programa anual de control que aprueba su presidencia para fiscalizar los fondos públicos del sistema.

El simulacro de la acción y el silencio administrativo

Santana fue explícito ante el empresariado portuario: «Lo único que podemos pedirle a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a la Fundación es urgirles a que adopten las medidas necesarias para regularizar los aspectos que se detectaron en esa auditoría«. La presidenta de la institución canaria, Beatriz Calzada, presente en el encuentro, declinó realizar cualquier tipo de valoración o réplica tras las afirmaciones de Santana. Tras finalizar el acto, fue al encuentro en presencia de los asistentes.

La resolución de esta crisis de gobernanza recae de forma exclusiva sobre los gestores del puerto de Las Palmas. «El plan de acción tiene que salir» de la propia entidad local y ser aprobado por su consejo, recordó el presidente de Puertos del Estado. El responsable del sistema portuario nacional incidió en el prolongado retraso que arrastra la regularización del ente instrumental: «Han pasado trece años de la orden que» estableció que esta fundación debía «reconvertirse o disolverse».