Rosa Aza, reflejada en la mesa de reuniones del puerto, atendiendo a preguntas de los medios.ÁNGEL GONZÁLEZ

 

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P. TUÑÓNLa presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, informó ayer al consejo de administración sobre el documento en el que la Comisión Europea opta por retirar la totalidad de la subvención a la obra de ampliación de El Musel, 247,5 millones de euros. Autoridad Portuaria preparará sus propias alegaciones contra una retirada de fondos comunitarios que, según afirmó ayer Aza, "nos preocupa enormemente" pero contra la que cree que tienen posibilidades de luchar. "No doy ninguna batalla por perdida. Tenemos muchos elementos que nos permiten defendernos de esto", aseguró.

Aza no ocultó que Autoridad Portuaria preparará su propia impugnación porque "es lo que procede", aunque habló de "total colaboración" con la dirección general de Fondos Comunitarios, del Ministerio de Hacienda, a quien va dirigida la notificación europea de retirada de ayudas y que ya anunció que también impugnará la decisión de Bruselas.

Rosa Aza insistió ayer en recordar que el documento de la Comisión Europea -que asume el informe de la Oficina Antifraude (OLAF) que detecta irregularidades en el uso de las subvenciones de la ampliación portuaria- supone "un ataque en toda regla a las autoridades españolas". E hizo hincapié en el hecho de que Bruselas acusa al gobierno es pañol de "inactividad" ante la denuncia de la OLAF y ante la negativa de la UTE Dique Torres, adjudicataria de la ampliación portuaria, de proporcionar información de su contabilidad a la oficina antifraude. De hecho, la UE llega a acusar a las administraciones españolas de buscar la "prescripción" de supuestos delitos con su "inactividad". Una afirmación que Rosa Aza tildó ayer de "muy grave". Y agregó: "se dispara muy alto".

La presidenta de la Autoridad Portuaria "discrepa" con la Comisión Europea sobre sus acusaciones contra las autoridades estatales. "Total ausencia de colaboración, no sé hasta qué punto. La fiscalía tiene más instrumentos que nadie para investigar. Y si la OLAF mandó a la fiscalía su informe es porque consideraba que era quién debía investigar si ese presunto delito es más que presunto. Me parece que esperar a lo que diga la fiscalía es un principio de prudencia. Entiendo que no ha habido tal inacción", manifestó Aza, que también defendió al Estado ante las críticas de Bruselas por no obligar a la UTE Dique Torres a facilitar el acceso a sus registros contables.

"Debo recordar que en uno de los anexos del informe de la OLAF constaban declaraciones de IVA de empresas subcontratistas de la UTE, por lo tanto alguna información tuvieron y se la habrá aportado Hacienda. Pero parece que los registros contables no. Nosotros no tenemos ningún tipo de acceso a ellos. De hecho, se les requirió a la UTE y no nos facilitó nada. Su respuesta fue penosa. Pero nosotros no tenemos ninguna capacidad para que nos enseñen su contabilidad", razonó.

Asimismo, Aza mostró sorpresa ante la denuncia de Bruselas de que la auditoría del proyecto no se llevó bien. "Se hizo el procedimiento establecido para todos los casos en los que había ayudas de fondos de cohesión. Desde el primero al último día. Y esa auditoría tuvo todos los controles positivos. Hubo muchos y nadie detectó que no era suficiente, ni autoridades nacionales ni Europa ni su Tribunal de Cuentas", argumentó la dirigente portuaria, que cree que Europa "enmienda la plana" a su propio tribunal señalando a la auditoría de la obra.

En cuanto a la parte del documento que apunta a irregularidades en el ámbito de la contratación pública, Aza esgrimió el ya conocido argumento de Autoridad Portuaria de que "se parece mucho a lo que se analizó en 2010, cuando ante una propuesta de corrección financiera de la Comisión, no se aceptó y una vez que transcurrieron los plazos correspondientes, España dio por cerrado el tema". Y recordó que hay jurisprudencia que "viene a decir que si en un procedimiento de corrección financiera pasaron los plazos sin conclusión, se cierra; y es lo que pasó en este caso".