EL MUSEL Y LAS CANTERAS GALÁCTICAS DE ALÍ BABÁ
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- Category: El Musel
- Published on Friday, 26 October 2007 00:00
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ISIDRO MARTÍNEZ OBLANCA
Cuando hace un par de semanas anunciaba en estas páginas de LA NUEVA ESPAÑA el modificado de la ampliación de El Musel que se nos venía encima, estaba seguro de acertar en mi vaticinio. Sin embargo, jamás imaginé que tal modificado iba a ser el mayor en la larga historia de las obras públicas en España, récord negativo desvelado tras la reciente visita de Fernando Palao, secretario general de Transportes, que también fue presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón y postrer defensor de la criminosa alternativa 3C de Álvarez Areces contra la playa de San Lorenzo, anunciando gastos «extras» en las obras de nuestro puerto que rondarán los 232 millones de euros. Ello supondrá más del 40 por ciento del presupuesto en el que se adjudicaron inicialmente. Estamos, sin lugar a dudas, ante un escándalo en toda regla, con pitorreo de leyes y normativas, que exige, aparte de las iniciativas políticas que lo depuren, algo más que un vistazo a un expediente que aspira a elevar a la categoría de «galácticas» las canteras -todo indica que de Alí Babá- en las que se escuda la modificación del proyecto de El Musel. La finalidad es perpetrar unos sobrecostes descomunales con cargo a los caudales públicos y en beneficio de una empresa privada que se ofreció a trabajar a su propio riesgo y ventura, pero que ahora reclama una propina de casi 39.000 millones de las antiguas pesetas. Haciéndole el juego a la constructora, el fogoso club de fans de Al Gore en la Autoridad Portuaria gijonesa proclama que en el Cantábrico se han producido marejadas inesperadas (ja, ja, ja), mientras que de tierra adentro nos tratan de colar mutaciones en las canteras ordovícicas (jo, jo, jo). Los «playos» más acreditados no salen de su hilaridad cuando escuchan y leen a Menéndez Rexach, avanzadilla mercenaria del arecismo en las cercanías de la Rula, y a Díaz Rato, toda una vida en el Puerto para acabar por redescubrir que todo está al revés, proclamando no se sabe qué influjos de Neptuno en la tabla de mareas que afectan a las profundidades y al oleaje, y con embates marinos inspiradores del nuevo himno del espléndidamente retribuido consejo de administración portuario: «Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará...».
La ley de Contratos vigente en España y las directivas europeas en esta materia, todas traspuestas a la legislación de nuestro país por los gobiernos de José María Aznar, dejan claro que en interés público no se pueden, en modo alguno, amparar pretensiones del contratista cuando afecta -como en esta obra- a los principios de publicidad y concurrencia, menos aún cuando superan el 40 por ciento sobre la cifra de adjudicación de la obra. La modificación del proyecto de ampliación de El Musel es un caso flagrante en el que se alteran las condiciones de competencia que hubo en el proceso de licitación de un gran proyecto propiciado gracias al Plan de Infraestructuras del Transporte (PIT 2000-2007) de Álvarez-Cascos. Consecuentemente, esta obra ha de ser objeto de una nueva licitación.
Llegados a este punto, ante la pamplina de las canteras y la pamema de las mareonas con las que tratan de justificar el descomunal sobrecoste de las obras de ampliación de El Musel, es oportuno preguntarse: ¿el modificado se ajusta a la ley? ¿se atiene a las normas? En absoluto: las obras se están ejecutando sin la formalización administrativa de la modificación del contrato.
En aras de la transparencia, conviene insistir en el hecho de que para El Musel no se conoce ningún acto administrativo previo como marca la ley. ¡Cómo va a conocerse si el director facultativo de la obra no ha justificado la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación por las unidades o prestaciones constitutivas de la modificación! ¿Acaso el modificado de este contrato (232 millones de euros, que se dice pronto) no justifica la procedencia de una nueva licitación?
A mayor abundamiento, en los Presupuestos Generales del Estado para el 2008, actualmente en trámite parlamentario, no se ha consignado partida económica alguna para afrontar los cambios para El Musel. ¿Dónde está el certificado de existencia de crédito que exige la tramitación de una reforma como la que se pretende para nuestro primer puerto?
Tampoco se conoce la memoria justificativa de la desviación («deslizamiento» en la jerga Palao; «hostiazu» en la de Cimavilla; «derrumbe» en román paladino) que motiva la modificación. ¿La ha emitido el director del contrato, tal como ordena la normativa legal existente? ¿Dónde están para señalar, como marca la ley, las circunstancias que no estaban previstas en el proyecto de ampliación? ¿Existe informe de Puertos del Estado? ¿Hay informe del asesor jurídico, como exige la ley? Respecto al papel crucial que desarrolla la Autoridad Portuaria, toda modificación del contrato de obras para ampliar El Musel requiere su aprobación como «órgano de contratación». ¿Se ha aprobado? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Alguien lo conoce? ¿Se ha respetado la normativa del Ministerio de Fomento, que exige que su propia Inspección de Servicios informe respecto a las modificaciones del contrato de obras de las autoridades portuarias? Tampoco. Son tantas las preguntas que pueden, y deben, hacerse sobre el reformado de El Musel que, desde luego, el cúmulo de incumplimientos legales es parejo a las colosales dimensiones de la ampliación que se está llevando a efecto partiendo del Cabo Torres.
Ante una modificación como la que se anuncia, no se han cumplido los requisitos que señala la normativa, ni se han dotado los Presupuestos de 2008 de crédito para afrontarla. ¿De dónde piensa sacar la Autoridad Portuaria, que carece de autosuficiencia económica, la correspondiente financiación? ¿De fondos o de subvenciones que no están ni tramitadas ni aseguradas? ¿Cómo pueden solicitarse con cargo a los Fondos de Cohesión, que finalizan en el año 2008, las ayudas que no contemplan los propios Presupuestos Generales para el próximo ejercicio? No está asegurado nada: ni la financiación española, ni la europea. Nada. Es obvio, a la vista de tantísima pregunta sin respuesta y de los evidentes incumplimientos legales en la tramitación de la modificación del contrato de obras, que aquel a quien competa tiene motivos sobrados para abrir diligencias en este asunto. Hay casi 39.000 millones de las antiguas pesetas en juego. Dinero público, o sea, del pueblo.
La sucesión de pretextos para llevar a efecto los apaños entre quienes están a cargo de las administraciones y los contratistas acabarán por diseñar el reformado de un único contrato de obra que, en moneda contante y sonante será, como señalé al principio, el de mayor cuantía en la historia del Ministerio de Fomento. O sea, en la historia de España. Repito, el más grande: 232 millones de euros de sobrecoste. En el Principado, claro, lo ven «normal» y se quedan tan panchos.
Aunque no en tal medida, operaciones de este estilo ya se han visto algunas en Asturias, incluso con los mismos protagonistas. Ahí quedó la pandorgada de las adjudicaciones de los fondos mineros que, con menor cantidad que la que se baraja para El Musel, fue objeto hace ocho años de una comisión parlamentaria de investigación.
Ahora le toca el turno a la ampliación de nuestro principal puerto y la Administración, que tiene todos los instrumentos legales en su mano para impedir las modificaciones tácticas de los contratistas, consiente y participa de una maturranga que, además de sangrar el dinero de todos los ciudadanos, será la justificación para no acometer nuevas obras de infraestructuras necesarias en nuestra región.
La modificación del proyecto de obras para ampliar El Musel que se adjudicó en 580 millones de euros, sus excesos superiores al 40 por ciento, la chanza socialista sobre nuestras leyes de contratación y el consiguiente perjuicio para atender necesidades que ya deberían estar resueltas, exigen intervenciones políticas inmediatas y firmes para evitar que se culmine lo que, además de un escándalo con claros visos de ilegalidad, es una vergüenza que afecta gravemente al futuro inmediato de Asturias. Con 39.000 millones de pesetas a punto de «volar», ¿a qué se está esperando para promover en la Junta General del Principado una comisión de investigación?
Isidro Martínez Oblanca fue senador del PP por Asturias.
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EL SUPERPUERTO COSTARÁ EL DOBLE DEL PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 3C
El ex senador Isidro Martínez Oblanca sostiene que el modificado será el mayor de la historia de España J. M. CEINOS La construcción del superpuerto de El Musel consumirá el doble del dinero en principio previsto. En el año 2002, cuando los entonces responsables de la Autoridad Portuaria defendían la alternativa denominada 3C (un dique de abrigo de casi cinco kilómetros de longitud que llegaría hasta los bajos de las Amosucas), los técnicos portuarios adelantaron que la obra costaría unos 420 millones de euros (alrededor de 70.000 millones de las antiguas pesetas). Un lustro después, con la obra en marcha, el sobrecoste presupuestario es de alrededor de 230 millones de euros, a los que hay que sumar los 580 millones de euros en que fue licitado el proyecto del superpuerto. Es decir, la ampliación de El Musel costará, con los datos económicos actuales, 810 millones de euros, o sea, casi el doble del presupuesto estimativo del año 2002. Asimismo, con la salvedad de que el puerto nuevo que se construye es la mitad del que se proponía con la solución 3C.
Por su parte, el ex senador del Partido Popular (PP) por Asturias y ex presidente local de los populares, Isidro Martínez Oblanca, en un artículo que se publica bajo estas líneas, sostiene que el modificado del 40 por ciento que es preciso realizar sobre el proyecto original del superpuerto «será el mayor en la larga historia de las obras públicas en España». Sostiene Martínez Oblanca, que en 2002 fue el primer político que se posicionó públicamente en contra de la alternativa 3C que defendía el PSOE para ampliar El Musel, que «la modificación del proyecto de ampliación de El Musel es un caso flagrante en el que se alteran las condiciones de competencia que hubo en el proceso de licitación de un gran proyecto propiciado gracias al Plan de Infraestructuras del Transporte (PIT 2000-2007) de Álvarez-Cascos. Consecuentemente, esta obra ha de ser objeto de una nueva licitación». El ex senador del PP también considera que «el cúmulo de incumplimientos legales es parejo a las colosales dimensiones de la ampliación que se está llevando a efecto partiendo del Cabo Torres», y en su artículo enumera varias preguntas sobre si se han realizado o no los pasos legales preceptivos para llevar adelante un reformado de tales dimensiones presupuestarias. Por ello, el ex senador afirma: «Tampoco se conoce la memoria justificativa de la desviación que motiva la modificación. ¿La ha emitido el director del contrato, tal como ordena la normativa legal existente? ¿Dónde están para señalar, como marca la ley, las circunstancias que no estaban previstas en el proyecto de ampliación? ¿Existe informe de Puertos del Estado? ¿Hay informe del asesor jurídico, como exige la ley?». El responsable director de la obra es el también ingeniero director de la Autoridad Portuaria, José Luis Díaz Rato, quien en su día defendió ampliar El Musel con un dique de cinco kilómetros.