M. CASTRO

La oficina del Fiscal General del Estado ha remitido a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la obra de ampliación de El Musel en el que este organismo europeo alude a supuestas irregularidades y fraude en la contratación y en la obra de construcción del puerto exterior gijonés.

Anticorrupción "está analizando" el informe de la OLAF, según indicó ayer un portavoz de la fiscalía. Tras el análisis de este informe, quien ahora tiene en sus manos el asunto podrá optar por archivarlo o por interponer una denuncia en los juzgados, si considera que hay materia para ello.

Entre las supuestas irregularidades detectadas por la OLAF está el hecho de que se obligara a las empresas que participaban en la obra a usar material de la cantera de Aboño, de la que era copropietaria Sato, que junto a Dragados, Drace, FCC y Alvargonzález Contratas era una de las empresas de Dique Torres, la UTE que se hizo finalmente con la adjudicación de los trabajos.

La OLAF remitió su informe a la fiscalía recomendando el ejercicio de acciones judiciales al considerar que existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea, según señalaron personas conocedoras del informe, que también ha sido remitido a las administraciones comunitaria y española.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Ministerio Fiscal recibe una denuncia sobre la obra de ampliación de El Musel. En abril de 2010, la fiscalía de Gijón archivó la presentada el 15 de septiembre de 2009 por un gijonés residente en Luxemburgo ante los sobrecostes que estaba acumulando la obra portuaria. El informe de la OLAF que ahora recibe Anticorrupción consta de 700 páginas, en su mayor parte anexos.

La obra de ampliación de El Musel fue adjudicada a Dique Torres en 2005 en 499 millones de euros. La Autoridad Portuaria asumió posteriormente un modificado de 124 millones de euros incluyendo sobrecostes y ampliaciones de obra. Además, pagó otros 85,67 millones en concepto de actualización de precios. El coste final de la obra rondó los 710 millones.

La cantidad es insuficiente a juicio de las empresas. El estudio del informe de la OLAF por Anticorrupción coincide en el tiempo con la tramitación de la demanda civil que ha interpuesto Dique Torres contra el Puerto para reclamarle 350 millones de euros, de los que 329 son sobrecostes y el resto en concepto de intereses legales y actualización de precios.

La Autoridad Portuaria recibió ayer la notificación de esa demanda por parte del juzgado de primera instancia número tres de Oviedo, que es el que se ha hecho cargo del litigio que inicialmente había sido interpuesto hace un año por la UTE en un juzgado de Gijón que se declaró incompetente.

En el caso de que Anticorrupción decidiera interponer una denuncia penal, podría paralizar la demanda civil de Dique Torres hasta que se resolviera el asunto penal, que tiene prioridad respecto a otro de la jurisdicción civil si versan sobre lo mismo, según explicaron ayer fuentes consultadas.

La OLAF ha recomendado a la Comisión Europea recuperar los 198 millones de euros con los que financió la ampliación de El Musel, pero también ha recomendado a España la devolución del "gasto elegible" de la obra, que son 531 millones de euros.

Areces declina pronunciarse sobre el escrito de la OLAF hasta conocerlo

Valledor (IU): "El tiempo nos ha dado la razón a los que denunciamos desviación de fondos públicos a empresas"

04.04.2014 | 01:40

José Blanco, a la izquierda, y Vicente Álvarez Areces, en el momento en el que descubren la placa conmemorativa de la inauguración de la ampliación de El Musel, el 11 de enero de 2011.Marcos León

 

M. C.El senador Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado durante la tramitación y ejecución de la obra de ampliación de El Musel, declinó ayer en Gijón pronunciarse sobre el informe de la OLAF. Antes de hablar sobre este asunto, Areces espera a obtener información directa, esto es, a conocer el contenido del informe.

Quien sí habló ayer fue Francisco Javier García Valledor, exdiputado autonómico de IU que en 2008 destapó que la Autoridad Portuaria estaba tratando de hacer pasar por una segunda fase de la obra de ampliación lo que en realidad eran sobrecostes, para obtener subvenciones europeas con las que financiarlos.

"El tiempo, desgraciadamente para Asturias y para el Puerto de Gijón, nos ha dado la razón a los que denunciamos en el Parlamento asturiano que ha habido una desviación de fondos públicos a empresas privadas, como prioridad antepuesta al interés público", al asumir la Autoridad Portuaria el pago de sobrecostes al contratista por el aprovisionamiento de materiales de cantera, mientras Valledor consideraba que la UTE era la que debía hacerse cargo, en atención a lo estipulado en el contrato.

A juicio de Valledor, "ya debería haber intervenido hace tiempo la fiscalía Anticorrupción y ahora, ante esta decisión europea es ineludible su intervención". Añadió que Vicente Álvarez Areces "debería de dimitir inmediatamente como senador por Asturias, porque es el máximo responsable político" de la ampliación de El Musel y único en activo en primera línea política de quienes entonces defendieron a los gestores de la obra y su desarrollo.

También tuvo palabras críticas para la coalición en que milita. Desde su dimisión como diputado, en diciembre de 2009, "el grupo parlamentario de IU, con Jesús Iglesias a la cabeza, no volvió a abordar este asunto en la Junta General del Principado y frenó una comisión de investigación con el respaldo evidente del hoy senador de IU, entonces coordinador de IU y portavoz en la Junta General", comisión que había tratado de impulsar el propio Valledor y que luego llegó a proponer el PP, sin obtener el respaldo de ningún otro grupo. La coalición de izquierdas pasó "de la noche a la mañana de decir una cosa a la contraria" tras integrarse en el gobierno de Areces, algo a lo que Valledor no estuvo dispuesto, por lo que dimitió para volver a su trabajo como docente.

García Valledor formuló algunas de las preguntas más incisivas en las comparecencias en la Junta del expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y del exconsejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía sobre los sobrecostes de El Musel. Ayer señaló que la retirada de fondos europeos acabará lastrando la competitividad del Puerto, como ya ocurrió con los sobrecostes, "porque acabarán repercutiendo en las tarifas portuarias", opinó.