La fiscal que lleva el caso del naufragio del Villa de Pitanxo, barco que se hundió en febrero de 2022 a 250 millas de Terranova y dejó 21 fallecidos —12 de los ellos no aparecieron—, señala como responsables al capitán y los armadores, de los que dice que mostraron un «grosero desprecio por la vida» de la tripulación.

En el escrito dirigido a la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 2 de Madrid —Audiencia Nacional— y firmado este martes, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía interesa que se dicte auto de incoación de procedimiento abreviado contra Juan Enrique Padín —capitán—, José Antonio Nores Rodríguez —administrador de la armadora— y José Antonio Nores Ortega —director de flota—.

En su escrito, a punto de cumplirse el cuarto aniversario de la tragedia, recuerda que el buque partió de Vigo el 26 de enero de 2022 con 25 personas a bordo, pero tenía capacidad para 22, justo las que incluyó en la solicitud de despacho del buque dos días antes de zarpar —uno de ellos fue transbordado en alta mar antes del accidente—.

El barco comenzó a faenar el 14 de febrero a las 15.21 horas en la zona Flemish Cap y el 15 de febrero a las 02:50 sufrió el embarre del aparejo. El primer oficial de puente, fallecido en el naufragio, emitió tres pitadas cortas para advertir a la tripulación y el capitán, quien tomó el mando.

En ese momento, los marineros iban subiendo a la cubierta para esperar la llegada de las puertas del arte y otros bajaron a preparar el parque de pesca para las capturas. Abrieron la tolva de desperdicios y las válvulas del colector de desagüe de las máquinas de procesado y quedó abierta la puerta de comunicación del parque de pesca.

En los últimos minutos de la virada, la tolva quedó sumergida y empezó a entrar agua en un caudal muy superior a la capacidad de achique de las bombas automáticas del parque de pesca; comenzó a acumularse a babor y el buque escoró.

Entre las 03.50 y las 04.12 se produjo un notable cambio de rumbo hacia el noroeste y se registró un aumento de la velocidad a partir de las 04.12 debido a un incremento del régimen de máquina. Eso, en opinión de la Fiscalía, indica que el capitán consideraba que la situación todavía era recuperable.

El motor principal se paró a las 04.16. Al quedar sin energía eléctrica, las bombas de achique se pararon. A las 04.18, el capitán emitió una llamada de socorro y ordenó el abandono.

Varios tripulantes lograron arriar la balsa salvavidas de estribor, en la que embarcaron el capitán, su sobrino —Eduardo Rial—, y al menos otros siete tripulantes.

El Villa de Pitanxo se fue a pique 4 o 5 minutos después de ordenarse el abandono y al lugar acudieron otros buques, como el Playa de Menduíña Dos —llegó a las 09:04 horas—. Rescataron a los 3 supervivientes y recuperaron 9 cuerpos.

Los rescatados con vida fueron el capitán y su sobrino, ambos con salvavidas y traje de inmersión, y el marinero Samuel Koufie, que llevaba traje de aguas y chaleco salvavidas. De los cuerpos recuperados, siete dieron positivo en covid y solo uno llevaba traje de inmersión, aunque con la cremallera sin cerrar.

El escrito de la fiscal señala que no existían procedimientos de trabajo consolidados a bordo y que la tolva de desperdicios quedó sumergida debido a que el buque salió sobrecargado de puerto y a que, en las fases finales de la virada, se produjo una mayor inmersión en un momento con muy mala mar.

Condiciones inseguras y desprecio para la vida

La Fiscalía entiende que los investigados en esta causa «permitieron que se desempeñara la actividad en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida e integridad física de los tripulantes, lo que desembocó en el fatal desenlace».

Menciona que el buque estaba sobrecargado, en parte por unos tanques de combustible instalados sin autorización legal. La sobrecarga por el combustible y la pesca «redujo significativamente» la probabilidad de supervivencia, concluye la fiscal.

La actuación del capitán

Al capitán, la fiscal le reprocha que no tomara medidas precautorias en el buque ante la posibilidad de una virada en condiciones meteorológicas muy adversas, como asegurar el cierre de todas las aberturas del casco y las puertas estancas.

Añade que no valoró «adecuadamente» la situación del buque en la última fase de la maniobra y que la orden de abandono llegó «demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación».

La fiscal sostiene que los armadores no cumplieron con la exigencia de una escalera de estribor, lo que complicó abandonar el buque, tampoco consta que hubiesen facilitado instrucciones concretas sobre lo que tenía que hacer cada tripulante en caso de emergencia y señala que determinaron la localización de los trajes de inmersión y chalecos en los camarotes, de forma que se dificultó su recogida.

Incide en que tampoco ordenaron ni supervisaron la realización de ejercicios de salvamento y que tanto los armadores como el capitán permitieron, con conocimiento, que el buque navegara en aguas frías a pesar de no estar autorizado para hacerlo en zonas de formación de hielo.

Advierte igualmente de que los armadores no habían procedido a la revisión de los trajes de inmersión y que estos no se encontraban en perfectas condiciones de estanqueidad y les reprocha que el buque debía llevar un bote de rescate en estribor, pero, en su lugar, portaba una embarcación semirrígida no homologada para esa función.

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